San Juan de Aznalfarache Zamora carga a los funcionarios la gestión de la moneda ‘ossetana’
El alcalde socialista de San Juan declaró ayer por el fraude en esta moneda social local
que si hubiera existido una contratación irregular podríamos encontrarnos ante un delito de prevaricación, castigado con pena de inhabilitación de hasta quince años, con lo que no cabría hablar de prescripción».
La Audiencia rechaza de plano que el juez diga que es suficiente con la declaración del acusado, que lógicamente negó los hechos, para cerrar la causa, sobre todo cuando admitió la autoría de los papeles y dio una explicación «confusa» sobre los mismos y existe un listado de personal, recogido en el tercer documento. «No se ha llevado a cabo la menor investigación sobre los contratos de personal municipal».
El juez reprochó a la acusación del PP que no pidiera nuevas pruebas tras la declaración del acusado, lo que sí hizo en el recurso de reforma tras cerrarse la causa, donde hace referencia a la contratación irregular de varios vecinos desde 2014 en adelante, aportando hasta los contratos supuestamente irregulares. En base a esta nueva documentación, la Audiencia, que califica de prematuro el sobreseimiento, ordena al juez de Sanlúcar seguir investigando y practicar las pruebas pedidas por los populares, como instar a la Guardia Civil a que investigue toda la documentación.
El juez de Instrucción número 14 de Sevilla había citado ayer a Fernando Zamora, el alcalde socialista de San Juan de Aznalfarache, para declarar como investigado en la causa abierta para investigar el presunto fraude en la moneda ‘ossetana’, la moneda social del Ayuntamiento puesta en marcha en 2014. El primer edil señaló que este programa era controlado por los empleados públicos de los Servicios Sociales y de la Intervención local.
La declaración de Zamora fue breve. Respondió a las preguntas planteadas únicamente por el juez sobre la moneda ‘ossetana’, sobre todo en relación al convenio firmado como alcalde en diciembre de 2018 con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía para que esta entidad fuera la responsable desde entonces de coordinar el programa social.
Esta causa judicial, en la que están personados PP y Vox, gira en torno a un informe de los cuatro habilitados nacionales del Ayuntamiento —interventor, la secretaria, el vicesecretario y la tesorera—, quienes denunciaban el presunto fraude del Gobierno local socialista con la creación de dicha moneda, que viene funcionando desde el año 2014 como instrumento con el que los más desfavorecidos del municipio pueden hacer compras en distintos supermercados locales. El 28 de diciembre de 2018, el alcalde firmó un convenio con el director de la ONG, José María Ruibérriz, quien fuera con Zamora en la candidatura del PSOE a la Alcaldía en 2015. Esto es, el Ayuntamiento entregaba el dinero a la ONG para que ésta lo transformara en moneda ‘ossetana’ para distribuirlo entre las personas que considere.
Para los cuatro habilitados nacionales, con este convenio el gobierno municipal sacaba los fondos del erario eludiendo los controles oficiales para que otro miembro del PSOE los utilice de manera discrecional. Además, apuntan que «no existe expediente alguno sobre el programa de moneda ossetana» y advertían de que «los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido para ello son nulos de pleno derecho. Concluye dicho informe de los habilitados que lo que «se está produciendo es la articulación de un mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal, algo que es absolutamente contrario a la ley».
Zamora, según informaron a este periódico fuentes del caso, aseguró en su declaración que en el momento que tuvo conocimiento del informe de los habilitados, emitido el 22 de mayo de 2020, paralizó dicho programa. No obstante, la documentación obrante en la causa pone en entredicho esto, pues el 1 de junio la teniente de alcalde delegada de Economía propuso a la junta de gobierno local la firma de una adenda al convenio con la ONG para aumentar la partida de fondos para reforzar dicho programa social.
Esta propuesta quedó sobre la mesa para un mejor estudio del convenio. El 16 de septiembre, Zamora pidió un informe de la intervención del Ayuntamiento para aprobar a una adenda al convenio para aportar más fondos. Pero no sólo el informe de los habilitados nacionales pone dudas sobre la gestión del programa. En 2018 y 2019 se emitieron hasta tres informes (un despacho de abogados, la secretaria general del Ayuntamiento y dos técnicas) sobre la moneda ‘ossetana’, señalando la falta de reglamento e instando al gobierno local a aprobar una ordenanza general de subvencion. Pese a esto, el 15 de enero de 2020, el Ayuntamiento firmó otro nuevo convenio con la ONG. El gobierno local paralizó el programa después de que este periódico publicara el informe de los habilitados en octubre del pasado año y el caso llegara a los juzgados.
Indicó que las ayudas están paralizadas desde que conocieron el informe de los habilitados nacionales