Sanitarios

a cada grupo de empleados públicos. Compromís, que tiene las competencias en materia de política lingüística y cuya consejería deberá emitir un «informe favorable» al respecto, es partidario de extender esta obligación a todo el personal público sin excepciones, pero los socialistas quisieron incluir una enmienda para eximir a los sanitarios de este requisito en caso de que hubiera necesidad de cubrir plazas. Finalmente, y para que la sangre no llegara al río, se decidió aplazar esa decisión y aprobar la ley sin especificar la letra pequeña.

Falta de consenso

Los grupos de la oposición –PP, Ciudadanos y Vox– se han mostrado muy críticos con la tramitación de esta normativa que viene a reemplazar a la aprobada en 2010. Los populares –que acumularon 209 de las 379 enmiendas presentadas– derogarán la norma si llegan al poder porque aseguran que no puede compararse a la Comunidad Valenciana con otras autonomías, ya que la cuarta parte de los municipios son castellanoparlantes.

Del mismo modo, la formación naranja cree que la ley nace muerta porque tendrá que modificarse cuando la Generalitat lance su decreto de teletrabajo, una cuestión casi olvidada. Por su parte, desde el sindicato CSIF rechazan que se obligue a realizar un examen para acceder a las bolsas de trabajo o que se siga apostando por la libre designación en las jefaturas. «Se va a despreciar mucho capital humano», señalan.

El texto no aclara si se implantará el requisito lingüístico entre los profesionales sanitarios