El fiscal considera «esquizofrénicas» las posturas de Junta y PP
Anticorrupción expone que, a pesar de ser el mismo partido, tengan posiciones contrarias
La macrocausa de corrupción de Invercaria, donde se investigan las irregularidades en la concesión de los préstamos la empresa pública de inversión de capital riesgo de la Junta, en la etapa de gestión socialista, está poniendo en evidencia una situación «esquizofrénica» entre las posturas procesales del PP y de la Junta, a través de los abogados de la agencia IDEA e Invercaria. En la pieza abierta por los 1,5 millones de euros dados a la productora granadina Kandor Graphics para hacer un documental animado para público infantil la agencia IDEA y de Invercaria piden el archivo de las actuaciones, mientras la acusación popular que ejerce el PP-A pide sentar en el banquillo a los dos investigados por prevaricación y malversación.
Esto es, los abogados de la Junta, gobernada por el PP-A y Ciudadanos, y el abogado del PP-A como acusación popular no tienen el mismo criterio frente a los hechos, lo que para el fiscal anticorrupción del caso, Fernando Soto, es «esquizofrénico», según dijo ayer en la vista celebrada en la Audiencia de Sevilla, en la que se abordó como cuestión previa la solicitud de las defensas, la Fiscalía y las acusaciones de IDEA e Invercaria de que se dicte el sobreseimiento de la causa en base a la doctrina Botín, a lo que se opone la acusación del PP-A.
En la pieza de Kandor Graphics están acusados el expresidentes de la sociedad pública Tomás Pérez-Sauquillo, ya condenado a cárcel en la pieza de Aceitunas Tatis; y Marcelino Almansa, socio fundador, administrador solidario y presidente de la productora granadina, que contaba con el respaldo accionarial de Antonio Banderas.
A diferencia de otras causas judiciales abiertas por los préstamos de Invercaria, el fiscal en esta ocasión señala que «hay una empresa que culmina el proyecto para el que pide el dinero (la película), aunque con escaso éxito; existe un análisis de proyecto; hay un informe ejecutivo del departamento de análisis de Invercaria y otro de Caja Granada e Invercaria».
La doctrina Botín, en aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que en un supuesto como el presente, en el que ni la Fiscalía ni la acusación particular tienen pretensión de seguir con la causa penal, la acción popular se ve limitada a hacerlo de forma exclusiva.
El abogado del PP-A, en cambio, defendió continuar con la causa y sentar a los dos acusados en el banquillo para ser juzgados. «No se puede aplicar la doctrina Botín, pues sería limitar el derecho de los ciudadanos», insistió el letrado. En cambio, el fiscal, que no es la primera vez que interesa que se aplique el artículo 782.1 en esta pieza, comenzó su intervención recordando un dicho inglés para afirmar que toda doctrina basada en asuntos específicos como la Botín, la doctrina Atutxa o la doctrina Nóos lleva a un mal derecho.
El fiscal Fernando Soto expuso que en esta causa de corrupción se ha llegado al extremo en el que la Administración pública (IDEA e Invercaria, gestionadas por el PP-A y Cs) sostiene una postura procesal y el mismo partido político como acusación popular mantiene la postura contraria. «Es esquizofrénico», concluyó. Los abogados de IDEA e Invecaria se adhirieron al fiscal. No es la primera vez que la Fiscalía evidencia la situación que se está dando en Invercaria con las acusaciones, llegando a afirmar en el juicio de la única pieza juzgada, que la Junta, en la etapa socialista, había estado más cerca de los delincuentes que de la Justicia.
La acusación popular no puede ejercer de forma exclusiva la acción penal en una causa
Se da la circunstancia de que la abogada de Invercaria, Elia Hernández Borrego, está pidiendo el archivo de la investigación en muchas de las piezas separadas de Invercaria. Hernández defendió en 2012 a Laura Gómiz Nogales, quien estuvo procesada en esta pieza de Kandor Graphics, junto al que fuera presidente de la sociedad pública, Francisco Álvaro Julio. Casualmente, éste la contrató en 2017 como abogada independiente. Después, ya en 2019, volvió a ser contratada por Invercaria con el PP en el Gobierno andaluz. Esta letrada, que defendió en declaraciones a ABC que no hay conflicto de intereses en este asunto, pidió en septiembre de 2019 el archivo de la pieza de Kandor y exculpó de las irregularidades a Gómiz y Álvaro Julio.