Sánchez calla ante el escándalo de Plus Ultra, que llega a Bruselas
García Egea exige una comisión de investigación porque teme que las ayudas acaben «en Podemos»
El escándalo de Plus Ultra le estalló ayer al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le acusó de «dilapidar» 53 millones en una aerolínea «en pérdidas desde que se creó», con solo «cuatro destinos», una cuota de mercado inferior al 0,1%, y «que no está ni entre las 30 aerolíneas» más importantes del país. «¿Qué tiene de estratégico?, ¿quien está detrás de esta empresa?, ¿quién ha autorizado esta operación?», exigió saber.
Todas estas preguntas quedaron sin respuesta porque el presidente optó por callar ante el nuevo escándalo que rodea al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que tampoco respondió a cuestiones del PP. Plus Ultra tiene vínculos con el régimen venezolano. Los 53 millones que la compañía ha recibido del fondo de la SEPI para empresas estratégicas chocan enormemente con las fuertes exigencias impuestas por el Gobierno a autónomos y pequeñas empresas para acceder a ayudas públicas.
El líder de la delegación europea de Cs, Luis Garicano, envió una carta a la Comisión Europea solicitando que investigue el polémico rescate.
El PP atacó al Gobierno repetidamente por esta cuestión, y el secretario general del partido, Teodoro García Egea, anunció el impulso de una comisión de investigación sobre las ayudas recibidas por Plus Ultra porque, a su juicio, son claramente «irregulares». El número dos de los populares considera necesario aclarar si el dinero público invertido en la aerolínea «va a acabar en las cuentas de Podemos» dadas las conexiones de su accionariado con Venezuela. Pablo Iglesias, al igual que Sánchez, dio la callada por respuesta. Según el PP, con la información disponible «se puede afirmar que Plus Ultra es una compañía que no cumple varios de los requisitos», informa
Mariano Calleja. Informe de Ábalos
El PP no detuvo el fuego contra el Ejecutivo en esta pregunta. Poco después, el diputado Miguel Ángel Castellón, aprovechando una pregunta sobre vivienda, cuestionó a José Luis Ábalos sobre su papel en la concesión de la ayuda millonaria, para cuyo aval fue determinante un informe emanado del Ministerio de Transportes encabezado por el secretario de Organización del PSOE.
Horas después, Vox anunció la interposición de una querella contra el Consejo de Ministros y la SEPI ante el Tribunal Supremo. Les acusa de delitos de prevaricación y malversación.