Abengoa reclama esta semana en Estocolmo 1.200 millones a España
Al tiempo que pide su rescate público, exige ser indemnizada por la prima a las renovables
La Abogacía del Estado y Abengoa presentarán este viernes en la Cámara de Comercio de Estocolmo las conclusiones en el arbitraje internacional que interpuso la empresa sevillana por el recorte que el Gobierno del PP aplicó a las prima de las renovables en 2012 y en el que reclama al Estado 1.188 millones de euros en concepto de indemnización. Tras las presentación de las conclusiones, el laudo podría emitirse en un plazo de entre uno y dos meses. Este arbitraje internacional se realiza en La Haya (Holanda), siguiendo las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyo laudo es de obligado cumplimiento.
La fase final de este arbitraje se produce cuando la empresa está solicitando, a través de su filial Abenewco1, ayudas al Estado español por 500 millones de euros (Sepe, ICO y Cesce), a las que, dice, no piensa renunciar aunque sea rescatada con dinero público. De hecho, Abenewco1 pide 249 millones de euros al Sepe, el aval del 70% del ICO en préstamos bancarios por 230 millones y avales por 300 millones de euros del Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). La pretensión de Abengoa es usar el dinero de la Sepi para pagar al ICO. Además, la compañía pretende dar entrada en Abenewco1 (la filial que concentra los activos y negocios de la multinacional) al fondo estadounidense TerraMar Capital, que le inyectaría 150 millones de euros en forma de préstamo y suscribirá 50 millones de euros en una ampliación de capital, que le permitiría hacerse con el 70% del capital social.
La compañía de infraestructuras, energía y agua cree que tiene bastantes probabilidades de ganar este arbitraje internacional, ya que los tribunales están dando la razón a las empresas que están reclamando indemnizaciones por estos recortes. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia de Suiza acaba de rechazar la pretensión del Reino de España de que no se tuviera en cuenta el laudo sobre el arbitraje interpuesto por 16 fondos que habían invertido en plantas fotovoltaicas y que pedían 1.900 millones de euros por el recorte de las primas, aunque finalmente sólo se les aceptó una indemnización de 90 millones.
«Si ganamos el laudo en la Cámara de Estocolmo, queremos cobrarlo», han dicho fuentes de la compañía, que indican que «el Gobierno central ya sabe que los acreedores comerciales cobrarán de este laudo y de otros si los ganamos, razón por la que no podemos renunciar».
Asesorada por el bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Abengoa interpuso este arbitraje ante la Cámara de Comercio de Estocolmo a través de su sociedad CSP Equity Investment, anterior accionista indirecto de las sociedades de proyecto Helioenergy Electricidad Uno, Helioenergy Electricidad Dos, Solacor Electricidad Uno, Solacor Electricidad Dos, Solaben Electricidad Dos y Solaben Electricidad Tres.
CSP Equity reclama al Reino de España 1.188 millones de euros por incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía, al que se acogió nuestro país en 1994 y que permite a fondos y multinacionales reclamar compensaciones a los estados que vulneran sus expectativas legítimas a la hora de invertir.
Los varapalos judiciales que España ha recibido a cuenta del recorte de las primas de las renovables llevó al Ejecutivo central a intentar zanjar esos litigios aprobando en 2019 un decreto que incrementaba la retribución a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos para el período 2020-2025. Para poder acogerse a esas rentabilidades había que renunciar a los procedimientos arbitrales, algo que hicieron algunos fondos de inversión. Tampoco podía aplicarse esa remuneración cuando ya existía el derecho a percibir una indemnización como consecuencia de una sentencia firme o un laudo arbitral definitivo. Abengoa rechazó la posibilidad de acogerse al plan lanzado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y mantuvo su batalla legal por la rebaja de las primas.
La empresa dice que no renuncia a ese dinero porque lo usará para pagar a sus acreedores