Sánchez oculta los detalles del veto al Rey en Barcelona
Transparencia facilitó al Gobierno los argumentos para que se negase a responder
Vencido el plazo para que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno informara a ABC sobre quién y por qué impidió la presencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, el pasado 25 de septiembre, el Gobierno oculta la información. La Moncloa ha contestado a la resolución estimatoria del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pero lo ha hecho para decir que no va a entregar los documentos solicitados. Además, Presidencia ha usado los argumentos esgrimidos por el Consejo de Transparencia en su resolución 802/2020 para no cumplirla. Como se dice coloquialmente, José Luis Rodríguez Álvarez –el presidente del Consejo llegado con orden del Gobierno para terminar con los dictámenes que han evidenciado la opacidad del Ejecutivo– se la dejó botando a Pedro Sánchez.
El Consejo estimó la reclamación de este diario, pero en los argumentos jurídicos utilizados dijo que entre los motivos para no hacerlo están que «se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud», que «la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento» y que «se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final». Por lo tanto, Presidencia ha dicho que no va a informar porque la decisión sobre la conveniencia o no de la presencia de Don Felipe en tan significativo acto en Barcelona encaja, a su juicio, perfectamente en esos motivos para denegarla, ya que «se trataría de documentos con información preparatoria», «serían comunicaciones internas que no formarían parte de ningún procedimiento» y «en ningún caso se trataría de informes preceptivos que motivasen la toma de una decisión». El gabinete de Pedro Sánchez añade que «el objeto de la solicitud de acceso recae sobre las relaciones entre dos órganos constitucionales que no están sujetas a procedimiento administrativo» y «cuyas comunicaciones no son necesariamente escritas ni se registran en un expediente».
Por otro lado, el Gobierno sostiene que a la Casa de Su Majestad el Rey no le resulta de aplicación la ley de Transparencia en actividades como ésta, lo que llama poderosamente la atención, puesto que lo solicitado por este diario afecta a una decisión tomada exclusivamente por el Ejecutivo.
Tras intentar hacer creer que el veto al Rey fue por seguridad, quedó claro que se trataba de una decisión política. Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, dijo que fue «una decisión muy bien tomada por quien la tenía que tomar».
La resolución del Consejo de Transparencia que daba la razón a ABC instaba al Gobierno a entregar «copia de la documentación a disposición del Gobierno, cualquiera que su formato, relativa a la decisión adoptada, justificativa o explicativa de la conveniencia de la ausencia del Rey a dicho acto y fecha y órgano que acordó dicha decisión». Con su negativa, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno pone fin a la vía administrativa y recuerda que sólo quedaría al solicitante dirigirse a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y plantear un pleito. En otros casos, como el del Falcon presidencial, ABC ha conseguido incluso ganar a Pedro Sánchez en la Audiencia Nacional, pero la Abogacía del Estado ha recurrido y el presidente sigue sin informar.