EL DINERO FALLIDO DE LA PANDEMIA
Hasta 140 millones de euros costaron a los españoles los contratos fallidos firmados por el Gobierno en la caótica gestión de la crisis sanitaria, un desastre económico sin matices
LA improvisación y falta de previsión con la que actuó el Gobierno de Pedro Sánchez durante los primeros meses de la pandemia, en la pasada primavera, se saldó como mínimo con la firma de contratos fallidos del Ministerio de Sanidad por valor de 140 millones de euros. La inmensa mayoría de esos contratos fueron tramitados con la urgencia que la gravedad de la pandemia exigía, pero se hizo casi a ciegas, sin control alguno sobre las empresas suministradoras que debían enviar a España las mascarillas, los guantes protectores y diverso material sanitario, y con una enorme ingenuidad política.
Ese dinero no se ha perdido o malversado, y es de prever que nadie se haya apropiado de parte de él. Sin embargo, la cifra demuestra la debilidad negociadora que tenía el Gobierno de España frente a países productores de material sanitario esencial, como por ejemplo China. Se trata de toneladas y toneladas de material sanitario frustrado que no llegó a España cuando más lo necesitaba el personal de nuestros hospitales, y cuando los contagios estaban absolutamente descontrolados. No hubo una estrategia meditada y fiable. Y si la hubo en el ministerio que entonces dirigía Salvador Illa, fue apresurada y carente de criterio. Por eso resultó fallida y por eso se entiende ahora, con la perspectiva de los meses, que los responsables ministeriales, en especial Fernando Simón, afirmasen por activa y por pasiva que las mascarillas para la ciudadanía eran innecesarias, cuando ahora se imponen por obligación. Aquellos fueron meses de demasiadas mentiras que inexplicablemente no parecen haber penalizado al Gobierno. Ahora, la evidencia de al menos una decena de contratos millonarios frustrados desnuda las carencias de aquella gestión.
Faltó transparencia y sinceridad entonces, y falta ahora también. Los datos a los que ha tenido acceso ABC se basan en la información expuesta por el propio Gobierno en los balances del Ministerio de Sanidad gracias a los mecanismos de transparencia. Sin embargo, no es posible acceder a otra información relevante que el Gobierno oculta al ciudadano. Por ejemplo, los detalles pormenorizados de los contratos fallidos, que no están disponibles en internet porque el Ejecutivo solo ofrece esa documentación en el portal de contratación. Es notorio que ese dato ayudaría a conocer y constatar la cantidad de dinero público que pudo perderse por el camino en estas operaciones, ya que en aquellos meses de extrema necesidad para muchos países de Occidente, exportadores como China solicitaban por norma una parte sustancial de los contratos, si no todo, por adelantado.
Para un Gobierno que sigue empecinado en ocultar la cifra real de fallecidos por coronavirus en un año, y que según cálculos fiables de organismos públicos supera ya los 100.000, esconder datos sobre la contratación pública es una cuestión menor. Sin embargo, esos contratos son muy relevantes porque demuestran por qué la ciudadanía estuvo tantas semanas tan desprotegida, más allá de que Sánchez, Illa y Simón perdiesen demasiado tiempo infravalorando el virus y despreciando todo tipo de alertas. Se imponía su agenda ideológica y la salud era secundaria hasta que tomaron conciencia de la gravedad. La cantidad de 140 millones de euros no es anecdótica en absoluto. Es lo suficientemente llamativa como para saber con exactitud qué ocurrió, cómo y con qué motivo. Y, sobre todo, para saber por qué el Gobierno jamás ha hecho autocrítica y por qué nunca se depuraron responsabilidades políticas ante un proceso de gestión tan desastroso como el que el paso del tiempo está desvelando.