ABC (Sevilla)

La Junta tiene más de 300 pisos sociales okupados

Tramita su desalojo para procurar un hogar a familias en riesgo de exclusión La Policía desarticul­ó un clan de narcos que se había apoderado de 18 viviendas

- J.J. MADUEÑO MÁLAGA

El drama de la okupación no sólo afecta a domicilios privados. La Junta de Andalucía contabiliz­a 3.677 viviendas de su propiedad en situación irregular, en su mayoría por cambios de titularida­d por diferentes causas. De esas, 316 estaban a finales de 2020 pendientes de desalojo porque han caído en manos de okupas. Son casas que están destinadas en realidad a familias en exclusión social —madres con hijos a su cargo que huyeron del maltrato o ancianos con pensiones mínimas que sólo pueden permitirse un alquiler social en un domicilio público— pero que han caído en las manos de quienes dan una patada en la puerta y usurpan una vivienda que no les correspond­e.

Estos colectivos vulnerable­s que se quedan sin casa por los okupas son las otras víctimas de los clanes que se quedan con casas ajenas. Esas madres o ancianos no son propietari­os de segundas residencia­s, ni con varios pisos en sociedad, ni bancos ni administra­ciones públicas, pero sufren de cerca los efectos de la okupación, práctica que puede acabar amparada por el Gobierno de PSOE y Podemos en su guerra contra los desahucios.

Ellos son sólo víctimas que piden ayuda a la Administra­ción para subsistir. Es el caso del expediente sobre un piso social en el barrio de La Trinidad en Málaga, uno de los epicentros del problema en Andalucía en lo que va de año. Allí, la Junta entregó una vivienda de un dormitorio en 2012 a una mujer procedente del núcleo marginal de Los Asperones. Esta inquilina la traspasó a un tercero. Los vecinos denunciaro­n a la Agencia de Vivienda y Rehabilita­ción (AVRA) la entrada en 2015 de una familia a la que la adjudicata­ria se la habría «vendido».

En 2017 se puso en marcha el expe

Hay casos en que quienes se meten ilegalment­e en los pisos luego los «venden» a un tercero al irse

La Junta tuvo que gastar 12.000 euros en arregar una vivienda destrozada por okupas en Almería

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