Millones
de mayo de 2020. Por 5.564.000 euros debía entregar a Sanidad 52 millones de guantes de nitrilo. Sin embargo, como indica el gabinete que ahora dirige Carolina Darias, la empresa incumplió el acuerdo a la hora de entregar el material y, por ende, el procedimiento se encuentra «en trámite de resolución» pendiente de un informe del Consejo de Estado. En la memoria de este contrato sí figura que Sanidad entregó 1.669.200 euros –el 30 por ciento del total– en el momento de la firma del contrato. El naufragio de esta encomienda provocó que otra licitación posterior suscrita con la misma empresa, y por un importe de 3.880.000 euros, se suspendiera.
Hyperin Grupo Empresarial es otro ejemplo de empresas alejadas del universo sanitario. Concretamente es especialista en materiales de construcción, pero recibió un contrato para suministrar a Sanidad 144 respiradores por 3.310.560 euros. Esta encomienda se resolvió «ante la imposibilidad por parte del contratista de suministrar los bienes objeto del contrato y no siendo los bienes ofrecidos en sustitución de los inicialmente ofertados aptos para el fin pretendido».
Uno de los contratos fallidos de menor cuantía es el que el Gobierno resolvió con la firma MJ Steps el 31 de marzo de 2020. El acuerdo obligaba a esta empresa a entregar a Sanidad diez respiradores a cambio de 468.300 euros. La licitación no llegó a buen puerto y la cancelación, como expone el ministerio en su listado, todavía está en trámite a falta de un informe del Consejo de Estado. El motivo que propició que el contrato fuera fallido fue el «incumplimiento de entrega del material».
Tests defectuosos
De mutuo acuerdo se rescindió otra de estas adjudicaciones fallidas, que también se realizó a través del procedimiento de emergencia. Se trata del contrato suscrito entre el Ingesa y la compañía Abbott Rapid Diagnostics Healthcare. El trato señalaba que debía entregar 500.000 tests de diagnóstico del coronavirus por 2.800.000 euros. Tampoco se cumplió lo previsto.
Entre los contratos fallidos también figura una de las licitaciones más polémicas. Se trata de los tests de detección de coronavirus que Sanidad compró a la firma Inter Pharma al inicio de la pandemia. Dicho acuerdo, que consistía en el intercambio de 659.000 unidades de este producto por 17.143.885 euros, tuvo que ser rescindido una vez que se hizo público que estos equipos de diagnóstico no tenían la precisión y fiabilidad que se les presuponía en el momento de la adquisición. Como se puede comprobar en la memoria del acuerdo, el Gobierno tenía que adelantar un 35 por ciento –6.000.359,75 euros– que posteriormente, y como informaron las partes, fueron devueltos por el laboratorio.
Más allá de si el dinero se perdió o no, esta relación de contratos revela las toneladas de material de protección que nunca llegaron a España en los meses más críticos de la pandemia.