¿Y si las agencias tributarias, dada su influencia, fueran un poder del Estado como el legislativo o el judicial?

El enorme poder que han adquirido las agencias tributarias en los estados modernos quedará en evidencia con la declaración pandémica de la Renta. Ayer este diario reseñaba las claves de una campaña que estará distorsionada por casi cuatro millones de españoles que han sufrido un ERTE o cobrado el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta primavera, el poder de Hacienda sobre la vida de las personas será más evidente que nunca. España no es el único país donde esto sucederá. En EE.UU., el Internal Revenue

Service (IRS) está haciendo un enorme esfuerzo informativo sobre las deducciones que se han puesto en marcha por el coronavirus, pero también están advirtiendo a quienes recibieron los dos cheques de ayuda de 2020 de que van a tener que devolver más dinero del que creen.

Los dos fenómenos que muchos ciudadanos van a vivir en carne propia en 2021 son: tener que hacer una declaración que nunca habían hecho –no porque hayan ganado más dinero, sino porque tienen más de una fuente de ingresos– y experimentar que tienen que pagar a Hacienda en vez de esperar una devolución de sus anticipos. Sin duda que esto moverá las conciencias fiscales de todos, no sólo de los ‘youtubers’.

Pero el aspecto que me parece más interesante es el surgimiento de un verdadero poder tributario. Las agencias fiscales tienen hoy a su disposición datos muy detallados de la vida de cada contribuyente. Sus decisiones son tan trascendentes que las personas escogen su residencia y hasta su nacionalidad en función de ellas. Por supuesto que las empresas eligen dónde desempeñar ciertas funciones de acuerdo a la fiscalidad. Ante este despliegue del poder tributario, los ciudadanos están inermes. Durante años han visto cómo avanza el poder de los recaudadores y menguan sus libertades. El último paso en favor del contribuyente en España se dio en 1998, cuando el Gobierno de

aprobó la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. En ese momento se produjo un movimiento internacional de reforma que arrancaba de una preocupación común: reforzar la posición jurídica de los contribuyentes. Pero la ley del péndulo se cumplió y con la crisis financiera de 2008, los gobiernos, deficitarios, no tuvieron piedad con los ciudadanos. El ministro fue uno de los máximos representantes de ese movimiento.

Hace ya algunos años que los expertos se preguntan si en la complejidad de los estados modernos siguen existiendo solo aquellos tres poderes que definió el ejecutivo, legislativo y judicial. Ciertos países han reconocido el poder electoral como un poder del Estado que debe participar en el juego de pesos y contrapesos de una democracia. De esto hay buenos ejemplos, como Costa Rica, y pésimos, como Venezuela. ¿Y si el poder tributario fuera un poder del Estado que requiriera un estatus constitucional propio dado el alcance que tiene sobre la vida del ciudadano?

Aznar Montesquieu: jmuller@abc.es José María Cristóbal Montoro