El PP sienta la ‘ley Celaá’ ante el Constitucional para «salvar la libertad»

Pablo Casado presenta hoy un recurso contra la norma educativa para proteger el español, la concertada y la especial de los ataques del Gobierno

El Partido Popular presenta hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la Lomloe, más conocida como ‘ley Celaá’. El partido lleva la nueva norma educativa al Tribunal Constitucional (TC) «para defender y salvar la libertad de las familias», resumen en el partido. El recurso, al que ha tenido acceso ABC, impugna 16 artículos de la norma y dos disposiciones adicionales.

¿Sobre qué tratan? El PP, a quien se ha sumado UPN en la presentación del recurso, entiende que la norma no respeta la Constitución y desobedece la doctrina del TC al vulnerar el derecho de elección de los padres, discriminar a la concertada –al presentar a la pública como única garante del derecho a la educación–, atacar al español, despreciar la educación diferenciada o por sexos, relegar la asignatura de Religión o descuidar a los docentes que imparten esa materia. También, el recurso critica la interferencia del Estado en las actividades complementarias (excursiones, visitas a museos…) para «asfixiar» la economía de la concertada y restringir sus proyectos. El líder del PP, Pablo Casado, presentará el recurso en el colegio concertado J.H. Newman del barrio madrileño de San Blas. nales». También recuerda la sentencia 86/1985, que dice que «el derecho de todos a la educación incorpora, junto a su contenido primario de derecho de libertad, una dimensión prestacional, en cuya virtud los poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal derecho».

«Ablación» del carácter vehicular del español

IGNACIO GIL

al proyecto de ley, en su paso por el Congreso y el Senado, solo fueron aceptadas las registradas por el propio PSOE y Unidas Podemos y por algún socio parlamentario –en cuestiones muy puntuales, centradas en el ámbito competencial autonómico–.

Después de que grandes sectores de la comunidad educativa intentásemos, sin éxito, abrir un sincero debate social y político, buscando un pacto educativo de mínimos que sirviera de base para esta enésima reforma educativa, comprendimos que únicamente quedaba visibilizar ante la opinión pública, nuestra oposición expresa a una ley que creaba división y exclusión.

Y una vez aprobada la ley supimos que debíamos acudir a las instituciones europeas solicitando su amparo y tutela. Asimismo, comprendimos que determinadas cuestiones reguladas en la nueva norma podían contravenir preceptos de la propia Constitución. Sin embargo, los colectivos y asociaciones que representan a la comunidad edu