La Abogacía del Estado no se opone a los indultos del ‘procés’
Elude pronunciarse sobre la gracia y da por reparado el daño económico
La Abogacía del Estado ha emitido un informe al expediente sobre los indultos de condenados en la causa del ‘procés’ que se encuentra en tramitación en el Tribunal Supremo en el que no se opone a la concesión de la medida de gracia y da por reparado el daño en el caso de los sentenciados en concurso medial con malversación.
En el informe, notificado ayer, la misma Abogacía del Estado que acusó por sedición y malversación en el juicio, hasta el punto de que fue su posición la que finalmente asumió la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se pone de perfil en lo que al indulto se refiere. «Ni el informe que se acompaña al presente escrito ni el escrito mismo incorporan una valoración sobre ‘la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia’», señala en sus conclusiones. Lo hace argumentando que al estar representando al Estado y en concreto, a la Hacienda Pública, pronunciarse sería como posicionar al Gobierno, que es quien toma la decisión definitiva.
«Dada la personalidad jurídica única de la Administración General del Estado, no corresponde a la Subsecretaría de Hacienda ni a esta Abogacía del Estado en su representación, en cuanto órganos de la propia Administración General del Estado, manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto o sobre la forma de la concesión de la gracia, pudiendo entenderse en el caso de hacerlo que con ello se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que sólo al Gobierno compete», afirma.
Acota además su pronunciamiento «exclusivamente» a los condenados por el delito de malversación, esto es, el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, sin pronunciarse sobre la sedición. Argumenta que su posición en este asunto es la de «parte ofendida» y esa ofensa lo es para la Hacienda Pública, en cuya representación acudió como acusación al juicio. Excluye así informar sobre la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Reparación del daño
Con todo, deja por escrito que en estos cuatro casos el daño ya se habría reparado atendiendo al informe emitido por el Tribunal de Cuentas que acredita que los 4,1 millones de euros que se fijaron como liquidación provisional de cara al juicio contable por los gastos y pagos del referéndum ilegal del 1 de octubre ya han quedado garantizados.
«Consta garantizada la cantidad de 4.146.274,97 euros a que asciende el importe de la presunta responsabilidad contable» que cuantificó en el acta de liquidación provisional el Tribunal de Cuentas con «resolución justificativa». Se trata de las fianzas ya consignadas, es decir, no es un dinero que hayan abonado sino que una vez afianzado, les será reclamado por la vía del Tribunal de Cuentas.
Para la Abogacía, la existencia de este afianzamiento da ya por reparado el daño a esa parte ofendida que es la Hacienda Pública.
«Habiéndose determinado provisionalmente el alcance y sus presuntos responsables y encontrándose garantizada ese cantidad a día de hoy, tal y como establecen la Providencia de 24 de febrero de 2020 del Tribunal de Cuentas y el informe de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda de 25 de marzo de 2021, ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública», expone el informe.