El mismo partido
gentes que, entre 2008 y 2015, cuando el partido lo presidía Artur Mas, llevaba un control exhaustivo de las licitaciones de obras públicas que manejaban las instituciones que controlaba el partido. Estos dirigentes, presuntamente encabezados por Gordó, se concertaron, por una parte, con funcionarios de dichas instituciones, y, por otro, con algunos empresarios –especialmente constructores– para alterar los concursos públicos a cambio de regalos y comisiones irregulares. Estos pagos se camuflaban como supuestas donaciones a fundaciones afines a Convergència –Catdem y Fórum Barcelona–, y finalmente el dinero se desviaban a las arcas del partido de Mas.
Esta práctica corrupta quedó probada en el conocido caso del Palau de la Música. La sentencia, ya firme, dejó negro sobre blanco que Convergència había recibido de Ferrovial –usando esa institución como «cañería», tal y como lo definió el fiscal– al menos 6, 6 millones de euros en mordidas. Ahora, en el caso 3 % –bautizado así por el porcentaje de comisiones en algunas operaciones– deberá dilucidarse si el ‘modus operandi’ del Palau se replicó con otros constructores y actores. Además de Gordó, están imputados en la causa el extesorero el partido Andreu Viloca y su antecesor, Daniel Osàcar, ya condenado por el caso Palau.
El partido de Artur Mas
Fue a partir de aquella causa del Palau que el partido que dirigía Mas trató de lavar su imagen y sacudirse el peso de la corrupción refundándose en una nueva formación política, que bautizaron como PDECat. Pese a que sus dirigentes eran los mismos, estos se desentendieron de las siglas convergentes, no solo políticamente, sino que lo intentaron también jurídicamente. En este último terreno parece que no lo han conseguido, pues la Sala, en la resolución conocida ayer, deja claro que existen sólidos indicios de que el PDCat se creó en julio de 2016 para, precisamente, desvincularse de responsabilidades criminales. Ambas formaciones, según el juez instructor, guardan una «identidad sustancial» en su «estructura, funcionamiento, recursos humanos y materiales».
El tribunal también desestima el re
Añade que, todo ello, «sin perjuicio del posterior desarrollo del proceso de reintegro por alcance que, con carácter jurisdiccional, vaya a celebrarse ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas».
Fue el propio Supremo quien establecíó en la sentencia que sería este organismo el competente para dirimir las responsabilidades civiles de cada uno de los condenados.
La fianza, desde 2020
La liquidación provisional se practicó en enero de 2020 atendiendo a los gastos incurridos por la convocatoria del referéndum ilegal fijando el alcance en esos 4,1 millones de euros que incluyen 242.980,11 euros de intereses. Ese acta, válida hasta que se dicta la sentencia, implica la obligación de que los condenados depositen las cantidades determinadas. Un mes después de la liquidación, ya habían reunido y consignado el dinero.
La Abogacía preguntó el pasado mes de febrero por el estado de la cuestión ya que lo consideraba imprescindible para pronunciarse sobre el indulto. Sin embargo, el informe finalmente se limita a evidenciar que esas cantidades están afianzadas.
Con su dictamen, se sigue avanzando en el expediente de indulto. La Sala de lo Penal del Supremo ha recabado ya la información penitenciaria respecto de los doce sentenciados y también el parecer de la Fiscalía, que se opone a la medida de gracia por lo grave de los hechos y por la ausencia de razones de justicia, equidad o utilidad.
Una vez analice los argumentos de las acusaciones que ejercieron en el juicio, la Sala Segunda emitirá su propio informe y remitirá todo el expediente al Ministerio de Justicia. Ninguna de las opiniones en este asunto es vinculante, es decir, Justicia propondrá lo que considere para cada uno de los doce sentenciados y el Gobierno resolverá sin que la posición del tribunal sentenciador obligue.
IGNACIO GIL
curso de Convergència –que reducía la causa a unas contadas reuniones y donaciones–, y confirma que esas operaciones supuestamente ilegales se pusieron en práctica «en numerosas ocasiones» y «con el mismo patrón de comportamiento». Su presunto ideólogo fue Gordó, señalado además en una declaración judicial por el octogenario Osàcar, único cargo convergente que había sufrido las consecuencias penales del caso Palau. Osàcar también sugirió que Mas, si despachaba habitualmente con Gordó, debía estar enterado de los tejemanejes del exconsejero. La Justicia, sin embargo, todavía no ha podido demostrarlo.
El juez ve claro que Convergència se refundó en el PDECat para intentar sortear responsabilidades