Las quiebras habrían crecido un 19% sin la moratoria concursal
La medida contuvo artificialmente hasta 1.600 insolvencias, mientras los ERTE evitaron que las pérdidas se triplicaran
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El Ejecutivo de Armengol cuenta con 97 viviendas sociales okupadas y no consigue cobrar uno de cada cuatro recibos que emite.
La normativa puesta en marcha por el Gobierno para hacer frente al impacto económico del Covid se ha convertido en una suerte de muro de contención sobre el que se agolpan cada vez más compañías al límite. La incógnita, un año después, es cuánto tiempo más aguantará y cómo podrá desmontarse. Tanto los ERTE como la moratoria concursal han mitigado el golpe inicial de la pandemia.
Los esquemas de protección del empleo limitaron la caída de los beneficios al 26% en el segundo trimestre, frente al -67% estimado si no se hubiera puesto en marcha esta medida, según cálculos de Coface. Mientras que las insolvencias se habrían disparado un 19% en interanual sin los apoyos del Gobierno –estima la aseguradora de crédito–, la mayor cifra de entre los principales países comunitarios; así, gracias a la moratoria, las insolvencias oficiales cayeron un 15%. Esta disminución sugiere que, «en lugar de haberse evitado, muchas insolvencias se han pospuesto, lo que significa que 2020 nos ha dejado una gran cantidad de insolvencias ocultas que están tardando mucho más de lo habitual en materializarse».
«Estimamos que el porcentaje de las insolvencias ocultas ronda el 44% de las insolvencias de 2019 en Francia (22.500), el 39% en Italia (4.100), el 34% en España (1.600) y el 21% en Alemania (3.950)», indica la entidad. En 2020, las insolvencias declaradas en nuestro país ascendieron a 4.100, mientras que los cálculos de Coface apuntan a que, sin las medidas estatales, estas se habrían disparado hasta las 5.700. Con todo, en la aseguradora señalan que no es posible concluir que todas las quiebras ocultas vayan a terminar por materializarse en 2021.
Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), apunta, con todo, a que dilatar en el tiempo la necesidad de acudir al concurso de acreedores tiene sus pros y sus contras. Por un lado, «facilita las reestructuraciones empresariales voluntarias»; por otro, que haya compañías que no hagan sus deberes y terminen contagiando a otras empresas viables. Asimismo, este experto añade que diferir demasiado en el tiempo los concursos amenaza con provocar un colapso a futuro en los juzgados. «Las empresas tienen menos pérdidas cuando hay reestructuraciones que cuando hay liquidaciones», apunta.
Por todo ello, Izquierdo incide en que el tejido productivo debe ser «responsable y diligente» a la hora de valerse de la moratoria concursal.