UNA RAYA EN EL AGUA
PTrato de favor, arbitrariedad, falta de transparencia. Las relaciones con Venezuela huelen a saldo de deudas
OCO antes de que Pablo Iglesias viajara con el Rey a Bolivia, en el otoño pasado, la embajada española en Caracas recibió insistentes presiones del entorno de Maduro para que el vicepresidente mantuviera una entrevista en La Paz con el canciller de Venezuela. La cita se acabó celebrando a espaldas de la expedición oficial, como un casual encuentro fuera de agenda. En marzo de este año, el Gobierno revocó una petición para que el régimen bolivariano autorizase vuelos ‘humanitarios’ –de repatriación–a Air Europa e Iberia, dejando así un monopolio de facto a Plus Ultra, compañía aérea subvencionada con 53 millones de euros en medio de un notable escándalo por su forzada consideración de empresa estratégica. Este fin de semana se ha conocido que el ministro Ábalos ha alegado razones de seguridad nacional para denegar al portal de Transparencia las cintas de las cámaras de Aena que recogen su encuentro en Barajas, enero de 2020, con Delcy Rodríguez en la famosa noche de las cuarenta maletas. Tres episodios sin aparente relación de causa-efecto que sin embargo demuestran el ocultismo y la arbitrariedad con que el Ejecutivo sanchista maneja los asuntos relacionados con la satrapía caraqueña.
Hay más materia oscura, como la ambigüedad de Borrell a la hora de confirmar a Juan Guaidó en su calidad de interlocutor reconocido por los países europeos. O como el relevo del representante diplomático español tras la fuga a Madrid de Leopoldo López, o como el zascandileo que se trae, teóricamente por su propia cuenta, el expresidente Zapatero. Y, sobre todo, el trasfondo nunca aclarado ni reconocido de la relación mantenida durante mucho tiempo entre el aparato de poder chavista y los fundadores de Podemos. Ese nexo es el eje de las sospechas de amiguismo que pesan sobre ciertas decisiones del Gabinete de Sánchez, entre las que el socorro financiero a Plus Ultra destaca por su inverosímil encaje –en pérdidas y con un solo avión– en los requisitos exigidos para beneficiarse del decreto de rescates. Se acumulan demostraciones de deferencia, indicios de discrecionalidad y contactos, como el de Ábalos con la lugarteniente de Maduro, tan abiertamente irregulares que se veta el conocimiento público de sus imágenes.
Los lazos gubernamentales con los caciques venezolanos son demasiado opacos sin que en la mayor parte de los casos quepan en la solemne categoría de secretos de Estado. Existe la patente sensación de que en esos vínculos pesa la influencia del partido que nació como una franquicia del bolivarismo, y que ahora cuenta con cinco asientos en el Consejo de Ministros. Hasta Felipe González ha denunciado la red de conexiones que da cobertura a una autocracia sin atisbo de soporte legítimo. Algo huele mal en estos tratos semifurtivos con pinta de un saldo de deudas y favores debidos. O acaso alguien intenta rescatarse a sí mismo.