Hubo filtración pero no delito
examen de las oposiciones a aquellos que se habían preparado en una academia que tenía un acuerdo de colaboración con el sindicato UPLB. La Justicia también dictaminó que debía repetirse el proceso desde el punto en el que se detectaron las irregularidades. Una medida que fue ratificada por el Supremo. Sin embargo, en 2013, los opositores que habían ganado la batalla judicial tuvieron que recurrir de nuevo a los tribunales para que forzara al Ayuntamiento a que ejecutara la sentencia. Doce años después, el TSJA concluía que no era posible cumplir con lo que había dictaminado la Justicia. Un auténtico contrasentido.
Las oposiciones que están anuladas aunque sin sentencia firme en Sevilla afecta a una oferta de 54 plazas. En 2012 se desarrollaron dos procesos para la cobertura de más de un centenar de plazas, pero finalmente la demanda que ha prosperado fue la de un opositor que acudió no sólo a la vía penal sino también a la Contenciosa.
El propio TSJA deja entrever en su en su sentencia conocida este pasado mes de marzo la posibilidad de que se pueda discutir sobre si es posible ejecutar una sentencia que supone la expulsión directa de medio centenar de policías locales. Si bien señala que esto debe producirse en otro momento procesal. «Esto es, cuando la sentencia, por firme, se verá su eventual imposibilidad si alguna de las partes la plantease». Aunque a renglón seguido sostiene que a día de hoy anular para continuar el proceso selectivo «no es imposible ni material ni legalmente...Pero desde luego lo que resulta claro en este momento es que no cabe apreciar la imposibilidad de ejecutar la sentencia».
Opción B: Repetirlas
Desde el Consistorio aseguraban hace escasos días a ABC que aún no habían decidido si recurrirán la sentencia dictada por el TSJA. «A día de hoy ni siquiera se ha recibido la notificación en el Ayuntamiento y por tanto los plazos de ejecución o recurso no han empezado a correr ni se ha tenido que adoptar ninguna decisión». El mismo portavoz autorizado confirmaba que se estaban estudiando todos los escenarios posibles e incluso también se está analizando qué hacer si finalmente es firme la decisión de repetir las oposiciones.
El Consistorio, ya recurrió la decisión de la juez del Contencioso 7 de Sevilla, que fue la que reactivó el caso después de que la vía penal se agotara con la absolución a los 45 acusados, entre opositores y miembros del tribunal. Entre sus argumentos que no han prosperado es que la medida de repetir las oposiciones afectaría también a policías que no hicieron trampas, teniendo en cuenta que no se ha podido determinar quien filtró las respuestas y quienes se beneficiaron.
La posibilidad de anular las oposiciones también está encima de la mesa, admiten desde el Ayuntamiento, que ha decidido acelerar el proceso selectivo que se está desarrollando este año y la próxima convocatoria, «en previsión de que se pueda hacer firme la sentencia y se tenga que ejecutar».
En este proceso aún abierto también están personados los agentes afectados por la anulación de las oposiciones, que pueden recurrir igualmente y alargar los plazos.
En Málaga, los opositores que ganaron la batalla legal pero no consiguieron que se hiciera Justicia fueron finalmente indemnizados con 28.000 euros.
La Justicia, en la rama contenciosa, ha dictaminado que hubo opositores que copiaron en el caso práctico. Si bien, en la jurisdicción penal se concluyó que no pudo acreditarse quién filtró y por tanto la autoría de los delitos. Una aparente contradicción que el TSJA resuelve: «En la sede contencioso administrativo se trata de constatar la conformidad a derecho de la resolución o acto impugnado. Que dicho acto no sea constitutivo de delito no comporta que sea —por necesidad— conforme a derecho».