Casado insiste: plan B
al 50 por ciento. A datos de Sanidad del 5 de abril –últimos disponibles– esta cifra se coloca en el 45,7 por ciento y para encontrar un dato similar al comprometido hay que irse a la tabla de los que están a medio vacunar y solo han recibido una dosis.
El primer compromiso adquirido por España y el resto de estados miembros es, efectivamente, que «antes de que termine marzo de 2021, los Estados miembros deberían haber vacunado como mínimo al 80% de los profesionales de la salud y la asistencia social y de las personas mayores de 80 años». Según el informe de vacunación de Sanidad fechado el 31 de marzo, solo el 40,2 por ciento había recibido la pauta completa de la vacuna, y solo un 70,8 por ciento había llegado a una dosis.
Aún así, el jefe del Gobierno hizo una más que positiva valoración general del proceso de vacunación el martes en la que aseguró que «lo importante es trasladar al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que estamos cumpliendo con los objetivos». Sánchez, de forma genérica, también se refirió a que la vacunación es «muy compleja» por las características de los propios compuestos y por los «fallos en la entrega de dosis por parte de una farmacéutica en concreto, AstraZeneca». Sin embargo, la vacuna de esta compañía no se inyecta a la población mayor de 80 años.
El presidente del PP, Pablo Casado, volvió a ofrecer ayer al Gobierno su plan B jurídico para poder retirar el estado de alarma disponiendo de mecanismos que permitan actuar en caso de rebrotes. Este plan pasa por utilizar las leyes de salud pública, sanidad y cohesión del sistema de salud para que el Gobierno ejerza el mando sanitario único, o bien limitar la movilidad utilizando las leyes de seguridad nacional, protección civil, o salud pública. Casado también volvió a defender la posibilidad de hacer reformas jurídicas. En concreto, del artículo 3 de la Ley Orgánica de 1986 para limitar los movimientos y tomar medias para el control de enfermos, así como de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo para garantizar la eficacia de las decisiones sin perder garantías judiciales. Gobierno y Cs insisten en su anticonstitucionalidad.