Fin del estado de alarma Rebelión autonómica ante el vacío legal al que les aboca el Gobierno
Socialistas y populares critican la falta de consenso a la hora de tomar esta decisión
El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner fin al estado de alarma el próximo día 9 de mayo ha dejado a la intemperie jurídica a las comunidades autónomas. Desprovistas de la principal arma política que tienen para luchar contra la pandemia, los presidentes regionales se enfrentan a una situación incierta. El malestar por esta decisión de Sánchez, tomada sin consenso, es generalizado, aunque la crítica se matiza, según el color político de sus dirigentes.
Todavía queda un mes para confirmar que esta medida es firme y que el presidente no buscará apoyo parlamentario para poder sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma. El miedo escénico a no contar con el respaldo del bloque de la investidura y su negativa a buscar el consenso con el Partido Popular pueden estar detrás de esta decisión.
«Desmadre» con el virus
Sánchez atacó duramente el pasado fin de semana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con lo que él entendía como una situación de «desmadre» en la que el virus circulaba descontroladamente. Pero ahora, sin estado de alarma y sin una ley que permita a las comunidades decretar cierres perimetrales de sus territorios y toques de queda, el empeoramiento de los contagios puede seguir agravándose.
Las comunidades socialistas se resignan a aceptar una situación que se les puede volver en contra. Aunque hay algunos barones socialistas, como el valenciano Ximo Puig, que todavía albergan la esperanza de que el Gobierno dé un paso atrás y pueda cambiar su posición en el mes que falta para que se cumpla el plazo de vigencia del decreto del estado de alarma.
Puig, en un primer momento, salió en defensa de Sánchez, afirmando que a la vista hay un «horizonte razonable» y evitó criticar al presidente. Eso sí, se cubrió las espaldas al advertir de que prorrogará las restricciones, como el cierre perimetral y el toque de queda nocturno.
En este aparente optimismo, que más bien obedece al nulo interés en mantener un enfrentamiento abierto con el Gobierno, el presidente valenciano sostiene que el mes que resta para la finalización del estado de alarma puede suponer «un punto de inflexión para la desescalada».
«No quedan desguarnecidas»
Con todo, la Generalitat considera que hay que ver cómo «evoluciona la cuarta ola de la pandemia». En un intento de no aumentar el recelo de la ciudadanía ante la posible ausencia de instrumentos para frenar el virus, recalcó que las comunidades disponen todavía de margen y «no quedan desguarnecidas» sin el estado de alarma para aprobar restricciones que, en el caso de la Comunidad Valenciana, fueron avaladas por el Tribunal Superior de Justicia.
En Castilla-La Mancha, el Gobierno que preside Emiliano García-Page quiere, sobre todo, que se despejen las dudas jurídicas sobre hasta dónde pueden llegar las comunidades. Los socialistas castellanomanchegos esperaban que estas incertidumbres legales pudieran aclararse en el Consejo Interterritorial de Salud, que se celebró ayer por la tarde-noche.
«Tomar el testigo»
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, espera que, una vez que llegue el 9 de mayo, tengan «unas medidas acordes con la situación epidemiológica actual». «Desde ahí, terminado el estado de alarma, necesitamos saber qué va a ocurrir en España, si somos o no las comunidades autónomas las que debemos tomar el testigo».
Castilla-La Mancha, como Valencia, considera que esta comunidad debería «seguir perimetrada», pero también todas las demás.
La situación en Baleares es similar a la de Valencia y Castilla-La Mancha, en cuanto a que reclaman seguridad jurídica para después del 9 de mayo. La socialista Francisca Armengol se toma con prudencia esta decisión, a la espera de saber qué margen y potestad tendrán las autonomías. Su es
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trategia pasa por «asegurar una desescalada lenta con medidas restrictivas» y espera que Sánchez le dé una «garantía jurídica» para aplicarlas. «No por tener prisa hay que perder de vista el objetivo general».
Las críticas del Gobierno socialista de Aragón, presidido por Javier Lambán, y en el que también participan Podemos y el PAR, se centran en la falta de consenso para anunciar el fin del estado de alarma. Una decisión unilateral que, a su juicio, debería haber sido sometida a consideración de los gobiernos autonómicos. Así lo manifestó la portavoz del Gobierno de Lambán, la socialista Mayte Pérez.
El Ejecutivo aragonés no ve tanto problema en la posibilidad de que sin estado de alarma puedan decretar confinamientos perimetrales. En este sen