El TSJA pide leyes para gestionar el Covid tras el estado de alarma
La Junta estima que tendrá que cerrar municipios con tasas superiores a 150 casos
ja, desde hace nueve meses. «Tiene 73 años y a la pobre aún no la han vacunado. En casa hasta mis dos hijos están ya inmunizados y tienen 16 años», indica.
Reconoce que la pandemia ha supuesto un mazazo para la economía del Peñón pero que en junio volverá el turismo británico: «El Gobierno ya está trabajando en ello y ha dado muchas ayudas, que ha extendido hasta junio, para la hostelería, los trabajadores, los autónomos, para el alquiler de locales, exención de impuestos… Por parte del Gobierno no tenemos ninguna queja, la verdad. Ahí ha estado Fabian Picardo, dando el callo. Y eso que le ha venido todo junto, el Brexit, la pandemia…».
Las vacunas de Pfizer que se administran en Gibraltar llegan en aviones militares desde Reino Unido, donde se almacenan en ultracongeladores del hospital para, cada día, a las cuatro y media de la mañana, ser trasladadas por Policía y personal médico a las instalaciones de Casemates, un antiguo centro de atención primaria en desuso que fue reconvertido en tiempo récord en centro de vacunación Covid.
Allí nos recibe Suyenne Pérez, una de las coordinadoras, que nos explica que se inoculan 650 dosis diarias y que se vacuna ocho horas al día de manera ininterrumpida. El dispositivo funciona a la perfección y las esperas son mínimas. Eso sí, bajo cita previa.
De cada vial de Pfizer, en Gibraltar se extraen seis dosis. Así ha sido desde el principio de la campaña. El Gobierno se jacta de que no ha desperdiciado ni una sola dosis. Nos lo cuentan también en el área donde las preparan. «Una vez que nos las traen ultracongeladas, después de tres horas podemos prepararlas para administrarlas. Esto requiere su preparación y de cada vial sacamos seis dosis», asegura Christian Cano ante los minúsculos envases de Pfizer que tiene ante sí.
Ola dramática
En Gibraltar, la tercera ola ha sido dramática y ha dejado más de 90 muertes. Los primeros en ser vacunados a primeros de enero fueron los mayores de las residencias de ancianos y el personal socio-sanitario. Luego lo fueron los trabajadores esenciales y ya el resto de la población hasta llegar a los jóvenes de 16 años de edad.
En veinte minutos, Asunción ya se ha vacunado y ha esperado el tiempo de rigor para que el personal sanitario se cerciore de que no ha tenido ninguna reacción adversa: «Me encuentro perfectamente y me siento muy afortunada. Soy la única de mi familia que está vacunada; esa es la pena, que ellos no lo estén también», se lamenta al abandonar el centro de vacunación de Gibraltar. En unos días la llamarán para la segunda dosis y para darle el certificado que acredite que está inmunizada frente a la pesadilla del Covid-19.
El estado de alarma, el paraguas sobre el que se sustentan las limitaciones de derechos fundamentales como el cierre de la movilidad o el toque de queda, decae el 9 de mayo. Pero, según avanzó ayer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, Andalucía quiere mantener la limitación de la movilidad de los andaluces si la tasa de incidencia de la pandemia es entonces superior a 150 casos por cada cien mil habitantes.
No es una cifra muy alta porque, desde hace meses, Andalucía está por encima de ese número. Tan solo en los valles posteriores a la segunda y tercera ola se bajó hasta los 120 puntos. Como referencia cabe destacar que Andalucía estaba ayer en 190 casos por cada cien mil habitantes.
Sin embargo, señaló Marín ayer durante un encuentro organizado por Europa Press, Andalucía no contará en mayo con el aval del estado de alarma y, por lo tanto, tendrá que someter esas medidas para el control de la pandemia a la confirmación de los jueces, que deberán avalarlas.
Para Marín, es falta de paragüas legal supone un problema enorme a la hora de la gestión de la pandemia. Así, reprochó al Gobierno que «hemos tenido un año para diseñar la salida a esta situación», pero que no se ha abordado». El vicepresidente andaluz fue muy claro: «Sin estado de alarma no tenemos capacidad para legislar».
Coincidió con él el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, para quien el fin del estado de alarma puede suponer un problema. Para Del Río «las comunidades con la legislación actual no tienen capacidad de restricción de derechos fundamentales a gran escala». Así, el presidente del TSJA abogó por esquivar la «indefinición» legal con una normativa clara.
«Hay plan B»
Por su parte el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se quedó solo en su defensa el fin del estado de alarma sin más herramientas para contener posibles rebrotes. Campo aseguró que «el ordenamiento jurídico no está aquilatado para atender a todas las realidades» pero «tenemos elementos» para la gestión de la situación.
El ministro reprochó además los cambios de parecer de la oposición a la hora de aceptar el estado de alarma. «Solo hay que mirar al pasado año para ver la dificultad que ha tenido un decreto de alarma en el Congreso». Para Campos «ahora parece que es necesario» pero ha pedido coherencia, en alusión a las reivindicaciones del PP y Vox para acabar con el estado de alarma en el último año. Por último, el ministro de Justicia insistió en que con el fin del estado de alarma «no hay inseguridad» y que España y las autonomías cuentan con «un plan B» porque «hay instrumentos normativos que se pueden poner en marcha como el cierre de bares o de la actividad económica.