Sienta criterio

greso. El Gobierno, en un primer momento, se limitó a invitarla a que consultara el discurso del presidente del Gobierno ante la quinta prórroga del estado de alarma, cuando Pedro Sánchez leyó sorpresivamente unos fragmentos escogidos de uno de estos informes. Ante esta contestación, Olona pidió amparo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que recordó al Ejecutivo sus obligaciones. Pero esta nueva solicitud quedó sin respuesta y, por tanto, desestimada por silencio negativo sin argumentación alguna. El Ejecutivo maniobró de este modo a sabiendas de que contraviene la legalidad, pero primando el objetivo de seguir ocultando los informes de la Abogacía. Y sigue anteponiendo esta estrategia de opacidad incluso cuando el caso ha llegado ante el Supremo.

Sospechas

Se da la circunstancia de que la dirigente de Vox se decidió a pedir los dictámenes tras conocer que el Gobierno solicitó el posicionamiento de la Abogacía sobre distintas circunstancias del estado de alarma, y con la sospecha de que alguno no le había sido favorable. No en vano, de todos estos documentos solo habían llegado a conocerse los fragmentos leídos por Sánchez ante el Pleno, escogidos, además, para denostar las reformas jurídicas que ya entonces reclamaba el presidente del PP, Pablo Casado, para luchar contra la pandemia. Las sospechas de que algún informe fuera negativo para el Gobierno se vieron reforzadas cuando Olona conoció que varios de ellos fueron clasificados con el máximo nivel de seguridad para que solo la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, y sus subdirectores generales, pudieran acceder a ellos.

Tras su primer rechazo a entregar los informes, fuentes de Moncloa argumentaron a ABC que este tipo de documentación es solo para consulta interna. Sin embargo, el Ejecutivo ha entregado otros dictámenes de la Abogacía del Estado cuando le han sido solicitados. Al propio Vox, por ejemplo, el referente al cierre de la planta de Ence en Pontevedra en septiembre, tras haberle negado los del estado de alarma.

Además, el Consejo de Transparencia ha fallado innumerables veces a favor de los ciudadanos cuando han reclamado acceso a informes de la Abogacía. Este organismo entiende que se trata de dictámenes «sobre la legalidad de actuaciones administrativas o que puedan formar parte de la motivación de resoluciones administrativas» y que, por tanto, no son de aplicación las limitaciones de acceso previstas en la ley.

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