Nueva prórroga Abenewco1 tendrá hasta el 23 de abril para pagar a sus bonistas
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que tome declaración como investigados por un presunto delito de cohecho al presidente de Repsol, Antonio Brufau; y al expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, por el encargo a la empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Cenyt, para investigar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero.
En un escrito presentado ayer, al que tuvo acceso ABC, Anticorrupción pide además citar como investigados a los exdirectivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunategui y Joaquín Uris, así como al ex director general de medios de Caixabank, Antonio Massanell, atendiendo al conocimiento y la implicación que habrían tenido en el asunto.
Los fiscales solicitan las imputaciones en el contexto del proyecto denominado ‘ Wine’ que se investiga en la pieza separada número 21 de la macrocausa sobre Villarejo y que se desarrolló en 2011 y 2012, cuando el comisario todavía estaba en activo. Se trataba de frustrar una alianza de Sacyr con la petrolera mexicana Pemex que habría permitido a Del Rivero tomar el control del accionariado de Repsol, donde Caixabank era accionista de referencia.
Casi 400.000 euros
La entidad y la petrolera acordaron entonces contratar al grupo Cenyt para llevar a cabo una investigación sobre Luis del Rivero y su entorno con la que acabar con aquel acercamiento a Pemex, llegando a controlar a las personas con quien mantenía contacto, accedieron a sus registros de llamadas e hicieron seguimiento. El precio, 389.400 euros. Los exjefes de seguridad Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (Caixabank) están ya imputados.
Para Anticorrupción, el encargo fue «una reacción conjunta promovida por los dos presidentes» de las compañías, habida cuenta de la «confluencia de intereses» entre ambos, tal y como se desprende tanto de la documentación intervenida a Villarejo y a su socio como de la aportada por las empresas al procedimiento y las declaraciones de los investigados en sede judicial.
En el caso de Brufau, los fiscales remiten al informe interno que elaboró la petrolera para evaluar la legalidad del contrato con Cenyt.
Abenewco1, presidida por Juan Pablo López-Bravo desde diciembre de 2020, ha logrado que los bonistas con 169 millones de deuda vencida vuelvan a prorrogarle el plazo —esta vez hasta el viernes 23 de abril— para pagarles después de que este viernes no haya cumplido con esa obligación, según fuentes bancarias consultadas por ABC. Abenewco1 tendría que haber abonado esa cantidad el pasado 31 de marzo y para evitar la situación de insolvencia se vio obligada a solicitar a esos acreedores un segundo ‘waiver’ (dispensa) para aplazar el pago.
Los acreedores han vuelto a darle otro balón de oxígeno para que Abenewco1 le dé tiempo de negociar la entrada de un inversor en la compañía.Actualmente, Abengoa tiene dos ofertas no vinculantes para hacerse con el control de Abenewco1 y las dos están supeditadas a que la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) inyecte 249 millones de euros a esa filial a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégica. Para poder acceder a ese fondo, Abenewco1 no puede estar en causa de disolución o en concurso de acreedores, de ahí la importancia de que logre pagar a sus acreedores para evitar la declaración de insolvencia.
Una de las ofertas que está negociando Juan Pablo López -Bravo con el fondo estadounidense TerraMar Capital, especializado en empresas en bancarrota, que está dispuesta a prestar 150 millones de euros a Abenewco1 y a inyectarle 50 millones como aportación de capital para quedarse con el 70% del capital social.