Celaá y Castells olvidan a los afectados por la pandemia
Las ayudas no contemplan las situaciones sobrevenidas de los alumnos
gramas que dan acceso a la realización de un doctorado. Esto hace que los que los futuros investigadores se vean perjudicados en relación a los, por ejemplo, profesores del instituto».
Bajada de precios
Según fuentes de la Comunidad de Madrid, esta medida supone un problema más al que se suma el reciente anuncio de Universidades respecto a la bajada del precio de los másteres habilitantes.
El pasado 28 de marzo, la Conferencia General de Política Universitaria aprobó una bajada de los precios de los másteres habilitantes, con el único voto en contra de Madrid. Para esta comunidad, el Gobierno invitaba a la fiesta y las regiones pagaban el convite. El consejero de Educación y Juventud del Gobierno regional, Enrique Ossorio, dijo entonces que la Ley Orgánica de Universidades determina que los precios públicos los fijan las comunidades, dentro de los límites máximos que establezca la Conferencia General de Política Universitaria. Así, señaló que la propuesta del Ministerio es arbitraria y carga sobre las autonomías el coste de la medida, que, en el caso de Madrid, ascendería a cuatro millones de euros anuales, señalaron en un comunicado. La nueva propuesta de bajar las notas de estos másteres tampoco ha gustado. «Si te piden menos requisitos se darán más becas y, al final, no a va quedar otra que las universidades o las comunidades nos tengamos que hacer cargo», lamentan las fuentes de la Comunidad de Madrid.
Los ministerios de Universidades y de Educación se reunieron el pasado enero en torno al Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio y acordaron que la convocatorio del curso 2021-2022 recibiría una inyección de 128 millones de euros adicionales «para hacer frente al impacto de la pandemia en las rentas».
Sin embargo, expertos consultados creen que ese aumento, dada la enorme crisis que ha generado la pandemia es insuficiente y no tiene en cuenta las situaciones sobrevenidas de muchas familias.
«Si tomamos como referencia la crisis de 2010, mucho menos pronunciada que la actual, solo el primer año el número de becarios aumentó en casi 38.000. Si tenemos en cuenta que, según datos del propio Ministerio, una beca media está en torno a los 3.000 euros, la crisis va a devorar ese aumento», critica Jorge Sainz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y ex Secretario General de Universidades.
Pero ese no es el único problema. «A lo largo de este año 2021 las previsiones económicas señalan que el número de desempleados se va a incrementar, lo que significa que muchas personas van a ver cómo su situación económica empeora de forma rápida en medio del curso. No podemos olvidar qué hay casi un millón de personas en situación de ERTE y que las perspectivas de recuperar su empleo son menores», advierte Sainz. El año 2020 se cerró con 755.000 personas en ERTE, según datos del Gobierno.
Exclusión
Otras fuentes consultadas vaticinan el mismo escenario: «El número de becarios, previsiblemente aumentará este año 2021, por el aumento de personas en ERTE. El año pasado, Celaá y Castells destinaron 386 millones de euros al sistema de becas y ayudas al estudio, hasta llegar a los 1.900 millones euros; un año después el Gobierno apenas realiza un esfuerzo presupuestario con 128 millones adicionales hasta llegar a los 2.000 millones condenando al ostracismo a los excluidos sociales que ha generado esta crisis sanitaria».
Sainz critica que «los ministerios de Educación y Universidades no han previsto ninguna cantidad adicional para situaciones sobrevenidas y, como en casos anteriores, van a tener que ser las universidades las que se hagan cargo de estas situaciones que en muchos casos pueden significar el abandono de los estudiantes».
Ni el Gobierno ni las CC.AA.
Otras fuentes académicas consultadas consideran que esto es señal de que tendrán que asumir los campus estos problemas. «Una vez más las universidades estaremos para solucionar los problemas de nuestros estudiantes que no solucionan ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas. Será prioritario atender sus necesidades para evitar el abandono de los estudios, pero esto también supondrá una merma en la financiación de programas estratégicos».
En este contexto, añade que «la reducción de la exigencia a perjudicará a los estudiantes que más se esfuerzan ya que van a tener que repartir el esfuerzo de los contribuyentes entre un número mayor de personas».
La reducción de la exigencia se debe a que el nuevo decreto de umbrales de renta y patrimonio familiar y cuantías de becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022 que baja los requisitos en primer y se