Vecinos de Tarazonilla reclaman el agua potable tras 23 años
Se trata de una urbanización aledaña a Tarazona, también afectada
Los vecinos de la urbanización de Lagunas de Tarazona o Tarazonilla, ubicada en el término municipal de La Rinconada, han reclamado que llevan desde hace más de dos décadas reclamando la traída del agua hasta sus casas. Se trata de una zona aledaña a Tarazona separada por una calle, y a diferencia de esta última, está formada por 18 viviendas, frente a los casi 800 vecinos que viven en la principal. Los problemas, básicamente, de estas dos urbanizaciones son los mismos, la falta de infraestructuras básicas en lo concerniente a servicios, como la recogida de basuras, alcantarillado o la traída del agua potable.
En este caso, y tras la denuncia presentada recientemente por los vecinos de Tarazona por la vía penal contra el alcalde rinconero, el socialista Javier Fernández, gestionada por el despacho de Servando Meana, acusándole de un «delito de abandono de destino de omisión de deber de perseguir delitos», los vecinos de Tarazonilla sólo reclaman «el acceso a agua potable», como expresa Antonio Francisco Pérez Díaz, secretario de esta asociación.
En el mismo explica el «chantaje con el que el alcalde nos tiene sometidos desde hace 23 años. Nuestro calvario empezó en junio de 2018, cuando fuimos convocados, junto con la urbanización Tarazona por parte del Ayuntamiento en la que nos dijeron que seguíamos igual en cuanto a edificabilidad en relación al PGOU».
Pérez comenta que Tarazonilla se opuso al PGOU alegando que «tan sólo éramos 18 viviendas rústicas y que deseábamos seguir siéndolo. Como tales teníamos luz, teléfono y agua de pozo de la comunidad con sus correspondientes permisos y quedábamos en conversaciones con Emasesa para explorar la posibilidad de traer el agua potable». «En respuestas a nuestra negativa de integración de septiembre de 1998, se nos comunica en mayo de 1999 que nuestra alegación queda rechazada y que se nos incluía en el nuevo
PGOU en la calidad de urbanizable, siendo aprobado el PGOU en junio de 2000 quedando incorporados al mismo», detalla el secretario de Tarazonilla, quien alega que esta inclusión les acarreó una subida del IBI de mil euros de media y que al ser urbanizable esta zona se revalorizaba el precio de las viviendas «pasando de unos 30.000 a 200.000 euros» y que desde entonces «no hemos recibido ni un solo camión de albero de compensación».
Pese a ello, «tan sólo hemos reclamado históricamente la traída del agua potable corriendo por nuestra cuenta todos los gastos», estimados en 159.000 euros en 2002, es decir nueve mil euros por cada una de las 18 viviendas que existen, «pero además teníamos que contar con el beneplácito del Ayuntamiento, lo que hacía inviable el proyecto». Asumiendo ellos este coste, explica, el agua quedaba a apenas cien metros de sus casas.
«La minúscula dimensión de nuestra urbanización hacía imposible la misma. Como Tarazona tiene agua potable y está sin urbanizar, por qué nosotros no podíamos sumarnos y seguir sus pasos, se pregunta Pérez, quien comenta que han enviado cartas al Defensor del Pueblo, la Diputación de Sevilla y al propio Ayuntamiento, «quien negó esta posibilidad».
Respuesta municipal
Por su parte, el Ayuntamiento ha explicado a ABC que para poder disponer de los servicios básicos, tienen que iniciar un proyecto de urbanización similar al que, en su día, hizo La Jarilla, «porque se trata de urbanizaciones irregulares construidas en suelos rústicos, que tienen que legalizarse para que se puedan establecer el servicio de agua, la electricidad o la recogida de residuos, entre otros servicios básicos».
Desde el Ayuntamiento rinconero, se afirma que «Lagunas de Tarazona y Tarazonilla se abastecen de pozos ilegales y ha descendido el nivel freático, por lo que pueden tener problemas de abastecimiento», al tiempo que les piden que «inicien los trámites para urbanizar y legalizar las parcelas existentes, pasos indispensables para poder acceder a los servicios básicos».