La guerra por la sentencia del ‘procés’ enrarece el TC y aboca a renovarlo
Un juez dimitió meses atras, otros dos se han abstenido por pugnas intestinas y el mandato de tres más vence en julio La atmósfera interna del Tribunal se ha viciado en los dos últimos meses y PSOE y PP asumen que deben pactar
Los canales de interlocución entre el PSOE y el PP para renovar órganos esenciales como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional permanecen cerrados tras el último fracaso negociador, y tras las acusaciones mutuas de vetos cruzados con los nombramientos. Es lógico que la interlocución esté bloqueada. La tensión política generada por la sobrevenida campaña electoral de Madrid impide retomar las negociaciones por el momento, y además está aún vigente el resquemor mutuo entre los dos únicos partidos que completan las tres quintas partes necesarias del Parlamento para cualquier renovación. De momento, el único consenso se ha producido sobre el nuevo consejo de RTVE.
Sin embargo, la reciente decisión adoptada por el magistrado progresista del TC Cándido Conde-Pumpido de abstenerse, y no participar así de la resolución de los recursos pendientes presentados por los líderes independentistas catalanes, está generando una degradación institucional intestina que algunos magistrados de ese ya Tribunal tildan de preocupante e insostenible, si no irreversible.
Objetivo, apartar a Narváez
La atmósfera interna del TC se ha viciado en los últimos meses de forma cada vez más conflictiva. Todo tiene su origen semanas atrás, cuando el propio Conde-Pumpido y algunos magistrados del sector conservador empujaron a otro juez del Tribunal, Antonio Narváez, a abstenerse de los recursos alusivos al proceso separatista catalán. Unas antiguas declaraciones suyas críticas con el independentismo –argumentaban contra Narváez– le contaminaban para dictar sentencia, y si participaba de las deliberaciones se regalarían bazas jurídicas al huido Carles Puigdemont, y al resto de condenados, para que en el futuro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminase que el TC español no había sido imparcial.
El apartamiento forzado de Antonio Narváez, un experto penalista en el TC cuyo criterio habría sido muy útil para la resolución de los recursos tras la sentencia del Tribunal Supremo, dejaba vía libre a Conde-Pumpido como único especialista en derecho penal para liderar jurídicamente cualquier eventual corrección a la sentencia del Supremo de la que fue ponente Manuel Marchena. No obstante, lo cierto es que Conde-Pumpido, uno de los impulsores de la maniobra, estaba en idéntica situación que Narváez. Como fiscal general del Estado en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también había hecho declaraciones comprometedoras contra el separatismo. Y si Narváez fue obligado por sus propios compañeros a abstenerse, lo mismo debía ocurrir con Conde-Pumpido, quien pese a su resistencia, ha terminado resignándose y asumiéndolo contra su voluntad.
Solo quedan nueve jueces
El TC queda de este modo en una posición institucional compleja. Es víctima de las trampas tendidas entre sus propios magistrados y se ha debilitado a sí mismo. Meses atrás, la salida del Tribunal de Fernando Valdés, un magistrado progresista encausado por malos tratos, motivó que la institución pasase de tener doce consejeros a once. Ahora, con la renuncia de Narváez y de Conde-Pumpido, en una carrera de zancadillas internas que está deteriorando la imagen del máximo intérprete constitucional, el TC tendrá solo nueve magistrados disponibles para resolver los múltiples recursos de amparo vinculados al proceso catalán.
Si a eso se añade que en julio tres magistrados más deberían ser relevados por vencer su