La Junta avisa de graves defectos técnicos en las ayudas Covid
La línea estatal para empresas y autónomos es «imposible de gestionar», según la Consejería de Empleo
En 2021 las comunidades autónomas gestionarán 7.000 millones de euros de la llamada «Línea Covid», una inyección de dinero público destinada a apoyar la solvencia del sector privado mediante la provisión de ayudas directas a empresas y autónomos que alivien la carga de la pandemia. En el reparto de este dinero, a Andalucía le han correspondido 1.109 millones de euros, menos del 16% del total, por debajo del 18% que el Gobierno autonómico había reclamado, en correspondencia con el peso poblacional de la región. La caída del PIB en 2020, el desempleo y el paro juvenil son los indicadores en los que se han basado los criterios de reparto aplicados por del Gobierno central.
Los beneficiarios de las ayudas deberán destinar el dinero a pagar costes fijos, deudas y proveedores. Se establece un pago único de 3.000 euros para los beneficiarios en régimen de estimación objetiva en IRPF (coloquialmente, módulos de los autónomos). Por su parte, la cantidad mínima asciende a 4.000 euros con un máximo de 200.000 euros para el resto de los beneficiarios (estimación directa e Impuesto de Sociedades) que hayan sufrido una caída de más del 30% en el volumen de operaciones anual declarado en el IVA. La ejecución por parte las comunidades autónomas se tendrá que realizar antes del 31 de diciembre de 2021 y la comprobación y justificación de los pagos antes del primer trimestre de 2023.
El Real Decreto Ley (RDL) 5/2021 que regula estas ayudas ha generado muchas dudas entre los responsables de las comunidades autónomas que deberán gestionar la distribución de estos fondos Covid entre empresas y autónomos. En Andalucía, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha llegado a afirmar que «es un decreto de imposible gestión por parte de las comunidades autónomas» por sus «imprecisiones y vaguedades». De entrada, antes de realizar el pago de la ayuda hay que gestionar un mínimo de diez comprobaciones previas para establecer la cuantía que corresponde a cada beneficiario y fiscalizar después que el dinero se ha destinado al fin previsto. Esta norma adolece de «defectos técnicos graves y no tiene en cuenta en ningún momento la necesidad y obligación de las comunidades autónomas de gestionar las ayudas con un mínimo de eficacia y rapidez en la recepción a un coste administrativo razonable», señalan desde Empleo, que es el departamento del Gobierno andaluz que se encargará de la tramitación, gestión, resolución y abono de las subvenciones.
El Gobierno andaluz ha remitido un documento al Ministerio de Hacienda en el que se proponen cambios en la redacción del RD para clarificar su objeto y asegurar que las ayudas lleguen pronto a los destinatarios sin barreras burocráticas. Hay tiempo puesto que aún no se ha cerrado el modelo final del convenio que tendrán que suscribir las comunidades autónomas con el ministerio encabezado pro María Jesús Montero. De entrada, el viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta, Miguel Ángel García, aclara que «no son ayudas directas lo que se ha regulado, sino subvenciones» y que, por tanto, «tienen que tener un destino que pueda ser comprobable», subraya. En este sentido, apunta que el objeto de la ayuda que se establece «es algo tan genérico como acreedores, proveedores y deudas».
«Una locura»
«Las comunidades autónomas tenemos que buscar cuándo se han generado esas deudas por parte de las empresas desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021, hacer un seguimiento de lo que se ha devengado en ese tiempo y comprobar que realmente se ha pagado. Además, tenemos que establecer una prelación por antigüedad de la deuda, cosa que ya es una locura absoluta porque significa que no podemos automatizar ninguno de los procedimientos para conseguir agilidad», explica Miguel Ángel García. «Se nos obliga a volver al método tradicional de abrir una carpetita, pedir a las empresas que nos manden todas las facturas, mirar dónde se han generado y comprobar que se ha pagado antes del 31 de mayo. Eso es una locura», insiste.
Empleo reclama que la Agencia Tributaria facilite la información previamente de las empresas que cumplen con los requisitos y, «lo más importante, que se simplifique el objeto de la ayuda.