El caos normativo que se avecina forma parte de la política sanchista de naturalización de la anomalía

SÁNCHEZ está harto de la pandemia. Como todos, claro, sólo que los demás estamos cansados de sufrirla y él sólo de tener que ocuparse de ella. En todo este tiempo no ha encontrado el modo de recomponer la agenda que le arruinó la tragedia ni ha logrado que la opinión pública le compre la milonga de la resiliencia. El virus se resiste a la propaganda y a cada proclama triunfalista responde con una nueva oleada. A estas alturas, el presidente parece haberse dado cuenta de que ante un adversario tan terco es imposible jugar con ventaja. La decisión de renunciar al estado de alarma, forzada en el fondo por la dificultad para reunir mayoría parlamentaria, revela una voluntad de sacudirse el problema por las bravas: ahí lo tenéis, sálvese el que pueda, haced con él lo que os dé la gana. Eso es lo que significa la cogobernanza.

Quizá la única vez que Fernando Simón haya dicho la verdad fue cuando declaró que el confinamiento se decidió porque a nadie se le ocurría nada. Luego los tropecientos asesores de Moncloa descubrieron que podía servir para encubrir fracasos y eludir los mecanismos de control democrático. Eso es, de hecho, para lo que lo han usado; las medidas contra el Covid las han tomado las autonomías ante la ausencia de un mando que estableciese criterios claros. Cuando quisieron ampliar el toque de queda este invierno, el Ejecutivo se negó a modificar el decreto. Ahora lo va a retirar con la misma arbitrariedad que lo impuso e idéntica ausencia de consenso, sin alternativa por falta de modelo estratégico. Esta vez, al menos, no se ha parapetado detrás de ningún falso experto; simplemente se sacude la responsabilidad y que cada cual se apañe por sus propios medios. El Gobierno no moverá un dedo salvo para contar los muertos, quizá con mayor precisión que hasta el momento dado que los podrá cargar sobre hombros ajenos.

El caos jurídico y administrativo que se avecina forma parte de la táctica política. Cuando caduque la excepcionalidad quedará patente una enorme laguna legislativa en la que Sánchez nadará con ese adaptadizo oportunismo que gasta para naturalizar la anomalía. El Tribunal Constitucional mantiene una pasividad inexplicable –si se explica tal vez resulte más grave– ante una cuestión de enorme relevancia cuyo alcance afecta al régimen de libertades. Le han pasado por delante dos estados de emergencia que restringen derechos fundamentales y ha sido incapaz de pronunciarse. Cuando fije doctrina sobre el primero ya habrá decaído el segundo y su estupenda jurisprudencia servirá de guía en la próxima epidemia. En ésta, la nación ha quedado legalmente indefensa, a merced de la improvisación de un poder reticente a rendir cuentas. Los presidentes autonómicos que reclaman reglas contra el vacío normativo en que quedan no perciben la ingenuidad de su queja. La confusión es la herramienta. Nunca hubo otra receta.