Vulneración de la neutralidad informativa

vistas a independentistas y 25 a no independentistas. No parece que se cumpla el equilibrio político al que se debe TV3 en tanto que cadena pública.

Por si hubiera dudas, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se llevaron el 77,7 por ciento del tiempo que TV3 destinó a las entidades vinculadas al debate político. Y el resto... a otras entidades secesionistas, como Alerta Solidària y la Associació Catalana pels Drets Civils, o nacionalistas, como El País de Demà. Es decir, pleno total. Pensamiento único.

Pero TV3 también es un negocio. Y muy lucrativo. Lo que no se produce se externaliza. Aunque, eso sí, siempre desde la misma óptica política. Los insultos humorísticos y los jocosos desprecios humillantes se pagan, por ejemplo, a casi cinco millones de euros al año por dos programas de la productora de Toni Soler, ‘Polònia’ y ‘Està passant’; más de 1,5 millones de euros al año por el ‘FAQS’, que produce Andreu Buenafuente; y, entre otros, los 440.000 euros que se lleva Mediapro (Jaume Roures y Tatxo Benet) por producir ocho capítulos de una serie documental sobre el juicio del ‘procés’.

Una televisión pública, pagada con los impuestos de todos los ciudadanos, pero que solo se dirige a una parte de los catalanes. Así, TV3 deja a un lado la neutralidad informativa cuando define como ‘presos políticos’ a Carles Puigdemont y el resto de exmiembros del Govern catalán que se fugaron de España en 2017 o fueron condenados en 2019 por el Tribunal Supremo por el delito de sedición, entre otros.

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que controla y decide sobre TV3 y Catalunya Ràdio, suele perder los recursos que presenta ante el Supremo cuando la Junta Electoral Central ( JEC) sanciona al organismo audiovisual por vulneración de la neutralidad informativa. Así ocurrió en