El Gobierno retira la reforma de las mayorías presionado por Bruselas
La UE insta a Ejecutivo y oposición a pactar la renovación del CGPJ y una reforma que dé más poder a los jueces Génova insiste en pedir garantías de que no habrá interferencias en la independencia judicial
La presión de Bruselas ha surtido efecto. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció ayer que el Gobierno pedirá a PSOE y a Unidas Podemos que retiren la reforma para rebajar las mayorías en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El paso atrás fue negociado en el seno de la coalición gubernamental después de que el ministro socialista se entrevistara el día anterior con la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y ésta le pidiera que retirara esa reforma y que buscara la renovación urgente y pactada del Poder Judicial. De no dar el paso, Bruselas habría llevado a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por esta cuestión.
El Ejecutivo comunitario lleva meses pidiendo al Gobierno que consensúe cualquier reforma judicial con los jueces y ayer el comisario de Justicia, Didier Reynders, instó públicamente al Ejecutivo y a la oposición «a completar la renovación de los miembros del CGPJ», algo que corresponde «no solo a los partidos del Gobierno sino también a todos los demás, para pactar por mayoría cualificada» los nombramientos. Para más adelante, la Comisión considera que sería mejor que España asumiese también el criterio generalizado en la UE según el cual «al menos la mitad de los miembros del CGPJ han de ser elegidos directamente por los jueces». Tanto el PP como Cs han registrado en el Congreso una reforma para que sean los jueces los que elijan a los jueces y han mostrado su disposición a negociar el texto e introducir cambios, pero PSOE y Podemos rechazan esta fórmula.
El recorte, una excepción
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo intentó justificar la retirada de la reforma de las mayorías argumentando que se encuentra «congelada» en la Cámara Baja, pero sigue generando «revuelo», acaparando «focos» y suponiendo una «distracción» para lo importante: la renovación del Poder Judicial y el anteproyecto presentado ayer para elevar la eficiencia de la Justicia. Campo aseguró que se comprometió con la vicepresidenta europea a retirar la reforma para «no dar pábulo a más» y demostrar a Bruselas que el interés del Gobierno en el ámbito judicial «está puesto en la eficiencia», «en el ciudadano y en una estrategia de país».
«No quiero que perdamos ni un minuto», abundó, después de desoír al ejecutivo comunitario durante meses, sin ir más lejos aprobando el recorte de funciones del Poder Judicial. Reynders dijo al respecto que entiende que se trata de una «medida provisional» y que tiene «el compromiso» del propio Campos de que esta excepcionalidad se mantendrá dentro de los principios del Estado de Derecho. En cuanto a la reforma de las mayorías, advirtió de que de haber seguido adelante con ella, la Comisión habría llevado a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo que precisamente ayer dictó una sentencia relativa a la organización del Poder Judicial en Malta en la que marcó su criterio de que «un Estado miembro no puede modificar su legislación relativa a la organización de la Administración de Justicia, de modo que ello dé lugar a una reducción de la protección del valor del Estado de Derecho». La sentencia concluye que «deben abstenerse de adoptar medidas que puedan menoscabar la independencia judicial».
En su intento de mantener la presión sobre los Gobiernos de Polonia y Hungría, que se encuentran en una situación de desafío abierto a los principios democráticos, Reynders quiso matizar que en el caso de España no se está «ante un problema sistémico sino ante asuntos puntuales como en otros Estados miembros». La delegación española del PP europeo, sin embargo, quiere que el tema se analice