Oltra ataca la sentencia contra su ex por los «juicios de valor»
El fallo pone en duda la actuación del Gobierno valenciano en un caso de abusos sexuales a una menor
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, cargó ayer en las Cortes Valencianas contra la sentencia judicial que pone en duda la actuación del Gobierno autonómico en el caso de los abusos sexuales a una joven tutelada por parte de su exmarido, educador de la residencia, condenado a cinco años de prisión. Respaldada únicamente por los consejeros de su partido, Compromís, y bajo las peticiones de dimisión de la derecha, Oltra defendió en una comparecencia de casi dos horas que su relación conyugal no
Anuncio del acuerdo de segregación de la Sociedad LIMPIEZAS MUNAR FULLANA, S.A., a favor de la sociedad de nueva creación, BALEAR DE AGUA Y SANEAMIENTO, S.L. afectó a la forma de actuar –con «hostilidad y falta de empatía», según la juez– de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige.
En su intervención a petición propia, Oltra incidió en que en ningún momento se la ha juzgado a ella o a la Administración por la existencia de supuestos «tratos de favor» o «consignas» para alterar el proceso, por lo que considera que, fuera de los hechos probados, el fallo está lleno de «interpretaciones, insinuaciones, juicios de valor o apreciaciones». También señaló los «errores y disfunciones» de la Fiscalía y el juzgado que llevaron a repetir el juicio por no haberse incluido un informe exculpatorio, basado en un examen realizado a la menor, durante la primera vista. La Consejería había enviado ese expediente al Ministerio Público, según Oltra, dos años antes. El tribunal considera ahora probado que Luis Ramírez acudía a la habitación de la niña de 15 años por las noches y, cuando creía que estaba dormida, cogía su mano y se masturbaba con ella. Unos hechos que «no hay nadie a quien provoquen más repugnancia que a mí», aseguró la vicepresidenta.
De hecho, reveló que tuvo conocimiento de lo ocurrido seis meses después de que la menor denunciara, cuando llegó una notificación judicial a su casa en agosto de 2017, sin que nadie de su departamento hubiera sido informado antes. El motivo: un protocolo, ya modificado, que dejaba en manos de las residencias la potestad de informar o no a la Fiscalía de las denuncias, según la credibilidad que le daban. Por ello, rechaza que hubiera una «instrucción paralela» a la judicial –el caso se trasladó al Ministerio Público en junio de ese año–, como afirma el fallo, sino una investigación para esclarecer lo que había ocurrido y por qué no se había dado parte a la Consejería en medio año.
Un debate de alto voltaje
No obstante, Oltra sembró ayer la duda sobre la Policía Nacional, en una incógnita que la sentencia no resuelve: por qué no se inició antes una investigación si es cierto que una persona ajena al centro de menores puso en conocimiento de ese Cuerpo de seguridad los abusos. Las explicaciones de la vicepresidenta no convencieron a los grupos de la oposición, que cargaron duramente contra la dirigente de Compromís, si bien ninguno cuestionó a la consejería por el estado actual de la víctima, embarazada y a la espera de saber si acepta o no la plaza residencial que la Generalitat le ha ofrecido de nuevo tras rechazarla hace un año cuando cumplió la mayoría de edad y dejó de estar tutelada. El PP denunció el «victimismo insoportable» de Oltra por echar «la culpa» a la juez y a los medios, mientras Cs incidió en el «miedo» de la joven a denunciar para no enfrentarse al marido de la vicepresidenta. «Hermana, yo sí te creo, salvo si les salpica a ellos», exclamó la síndica de Vox.