TRIBUNA ABIERTA
Modernizar la función pública
Después de muchos años, la Junta de Andalucía se atreve a abrir el melón de la reforma de la función pública, crucial para mejorar la eficacia de los servicios públicos y para fomentar el dinamismo empresarial
RECIENTEMENTE se iniciaba la tramitación de la Ley de la Función Pública de Andalucía, que vendrá a actualizar la obsoleta regulación vigente, que data de 1985. La nueva norma persigue el objetivo de modernizar y garantizar la eficacia e imparcialidad de la administración pública. Después de muchos años, la Junta de Andalucía se atreve a abrir el melón de la reforma de la función pública, crucial no solo para mejorar la eficacia de los servicios públicos sino también para fomentar la innovación y el dinamismo empresarial.
Y es que, no por casualidad, las sociedades con menor estímulo innovador y desarrollo económico son también aquellas con un mayor déficit de profesionalidad y calidad en el ejercicio de la función pública y con una peor percepción por parte del ciudadano de la imparcialidad y neutralidad política de la administración. Lamentablemente, España, que no destaca en innovación en los rankings internacionales, tampoco lo hace en la profesionalidad e independencia de sus directivos públicos y, así, el Foro Económico Mundial nos sitúa en el puesto 83 de 137. Por su parte, la OCDE ha advertido a nuestro país de la excesiva dependencia entre puestos directivos y cargos políticos, así como de la elevada rotación asociada a esta dependencia.
Es posible que la causa de esta situación se remonte a los orígenes de nuestra democracia constitucional de 1978. Más que garantizar la independencia de la función pública, la preocupación de los primeros reguladores fue más bien la contraria: hacerla permeable a la dirección de los legítimos depositarios de la voluntad popular. El coste de esa transición de una función pública tecnocrática a un modelo democrático fue la marginación de la meritocracia y la imposición de la confianza política como criterio muy determinante en la selección de los puestos directivos públicos, así como la supeditación de la gobernanza a los resultados políticos.
Es precisamente este modelo el que pretende romper el anteproyecto que va a ser debatido en el Parlamento andaluz, el cual sienta las bases para una posterior regulación del directivo público que va en línea con las recomendaciones planteadas por la OCDE así como con las experiencias que de forma exitosa se están desarrollando en países de nuestro entorno como el Reino Unido (que cuenta con cerca de 5.000 puestos directivos públicos elegidos por un tribunal adhoc y sometidos a una evaluación continua de resultados) o Portugal (donde desde 2011 los puestos directivos de las empresas públicas son elegidos por una Comisión Independiente de expertos en procesos marcados por la meritocracia y la transparencia).
En este contexto, Andalucía pretende crear una Comisión similar a la de Portugal para elegir a sus primeros perfiles directivos, de modo que el reclutamiento se produzca a través de un procedimiento y organismo centralizado y con una clara separación entre la entidad que realiza la selección de candidatos y la que ofrece el puesto, que haga imposible la selección discrecional y no fundamentada en los méritos. Asimismo, el anteproyecto del Gobierno andaluz también sienta las bases para una evaluación de los directivos públicos basada en criterios objetivos que impidan la discrecionalidad política y aseguren la autonomía en el ejercicio de sus funciones y su orientación a objetivos y resultados predefinidos anteriormente y ligados al interés general.
Debemos ser conscientes no obstante de que se trata tan solo de un primer paso y hay que recordar que, a nivel estatal, ya contamos con una legislación similar, de 2007, que no ha servido aún para despolitizar la alta función pública. Esa ley, como ahora lo hace la norma andaluza, ya sentaba las bases para una regulación de la función pública basada en la meritocracia y conminaba tanto a la propia administración central como al resto de administraciones autonómicas a concretarla con la creación de un Estatuto del Directivo Público. Hasta el momento, ninguna administración lo ha hecho, y esta lección debe servir de aviso en Andalucía, ya que no debemos conformarnos con sacar adelante la regulación que contiene este anteproyecto de ley sino que tiene que impulsarse a continuación la aprobación de ese Estatuto del Directivo Público que amarre regulatoriamente la profesionalización intensa de los cargos públicos de mayor responsabilidad gerencial.
Hacerlo no solo permitirá recuperar confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino que sobre todo mejorará la eficacia de las políticas públicas, permitiendo el acceso de los más cualificados a los puestos de mayor responsabilidad, favoreciendo una mayor planificación y una mayor autonomía en el ejercicio de sus funciones, promoviendo una mayor rendición de cuentas y una actuación por objetivos por parte de estos profesionales, evitando perfiles discrecionales o inadecuados y en suma estableciendo una delimitación más nítida entre las responsabilidades profesionales y las políticas. La administración moderna necesita ambas, pero diferenciadas.