Tierras que generaron riqueza social, económica y medioambiental sin coste para el Estado se convierten en una carga
en la nuca de una pistola neumática. Todo mucho más penoso y brutal que la moderada y selectiva montería, donde un limitado excedente de animales muere en libertad y de forma rápida, después de haber recibido durante su vida los mayores cuidados.
Es previsible que el parque se enfrente ahora a un camino de retroceso y deterioro, al igual que ocurre en el de Doñana. Sin capacidad de administrar sus tierras, la mejora de fauna y flora que llevaban a cabo los propietarios privados llega a su fin, con el consiguiente coste añadido en empleos para los sufridos habitantes de la zona. La escasa calidad de los suelos de Cabañeros y la falta de selección retornará a la población de cérvidos al estado de degeneración y pobreza genética en que se encontraba cuando sus propietarios empezaron la gestión. La biodiversidad se descompensará y la flora, hasta ahora cuidada con esmero en la parte privada del parque, sufrirá las consecuencias. Resulta notorio que haya sido imposible a la Administración pública sustituir la excelencia de la gestión privada tanto en Doñana como en Cabañeros. Se necesitarían para ello buenos conocimientos empíricos además de técnicos, mucho esfuerzo económico, continuidad y, sobre todo, amor verdadero a la naturaleza. Son otros tiempos pero, en cierto modo, algo parecido a la desastrosa tiranía feudal toledana vuelve a aquellas sierras para malbaratar la riqueza generada por los propietarios privados. La feraz naturaleza de la zona parece condenada a perder su estado y sus propietarios empobrecidos y desolados por el forzoso final de su beneficiosa labor.
Ruina y pobreza
No solo las fincas particulares afectadas, que ocupan casi la mitad de la superficie del parque, perdieron su valor y su razón de ser con la definitiva prohibición de la caza deportiva; más grave aún resulta la ruina y la pobreza a las que, como en los siglos de vasallaje toledano, ha condenado a los ocho municipios de la zona. Sin una de sus escasas fuentes de subsistencia están abocados al éxodo de sus habitantes. Los ingresos que habría de aportar el turismo no han pasado de ser una vana promesa política. Este perjuicio a la población local tacha al parque de flagrante injusticia social.
El sistema español de parques nacionales, que impide la eficaz gestión de los propietarios de terrenos incluidos en ellos y provoca la pobreza y la despoblación, está desfasado y no se sigue ya en ningún país del mundo. La declaración de buenas intenciones sobre habitantes y propietarios en los preámbulos de las leyes de declaración de parques queda desvirtuada por sus articulados. Las buenas palabras de los políticos sobre los beneficios que generará en la población tienen el escaso valor de una promesa electoral. Las tierras afectadas, que generaron riqueza social, económica y medioambiental sin coste para el Estado, se convierten así en una carga que este asume por voracidad más que por razones de conservación. De no cambiar su criterio, adecuándolo a las razonables corrientes internacionales, la gestión pública en los parques que fueron cotos de caza perjudicará sin remedio a todo y a todos, incluida la naturaleza que dicen proteger. La poca esperanza que les queda es que se produzca esa rectificación, tan necesaria como honrosa habrá de ser para quien la promueva.
Prohibición de la caza Sin una de sus escasas fuentes de subsistencia, los habitantes de casi una decena de pueblos están abocados al éxodo