Coordinación
con los aforos limitados siempre que las celebraciones se realicen en salones, hoteles y establecimientos de carácter público. La preocupación se focaliza en las reuniones privadas un ángulo oscuro para el control del coronavirus. Al tratarse de un derecho fundamental, Andalucía no se plantea mantener el límite de seis personas en el ámbito familiar. Sí sopesa regularlo en bares y restaurantes, donde pueden juntarse, como máximo, cuatro personas en el interior y seis en la terrazas. A cambio, baraja ampliar los horarios de la hostelería y comercios, como le demandan estos sectores.
Para cualquier medida que afecte a derechos fundamentales, la Justicia tendrá que dar su aval con anterioridad. En la Gobierno que preside Juanma Moreno (PP) son conscientes del terreno de incertidumbre jurídica que les aguarda sin herramientas. Ayer la tasa de incidencia acumulada era de 206 casos por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad de la que había el 21 de junio, cuando decayó el primer estado de alarma. La inmunidad de rebaño está aún lejos. Apenas 935.358, el 13,3% de los mayores de 16 años, se habían puesto las dos dosis de la vacuna. Ayer se registraron 1.012 contagios, la cifra más baja desde abril, y 32 fallecidos.
El consejero de Salud avanzó que modificará la Ley de Salud Pública autonómica si el Gobierno no cambia la ley estatal de 1986 para facilitar a las comunidades la imposición de cuarentenas, aislar a los positivos y limitar la circulación en las zonas con alta incidencia. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, reprochó al Ejecutivo la falta de «plan B», al tiempo que rehusaba desvelar las medidas de la Junta porque «queremos saber qué cosas va a regular el Gobierno» y no anticiparse a lo que decida mañana el consejo de expertos.
El Gobierno andaluz sondeó el lunes pasado a la patronal de empresarios y a los sindicatos UGT-A y CCOOA sobre las medidas a aplicar. Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), reclamó ayer «una mejor coordinación entre las administraciones». «No podemos permitirnos que, a partir del 10 de mayo, se produzca un desajuste de cuatro o cinco días sin que las comunidades sepan qué tienen que hacer». A Carmen Castilla, líder de la UGT-A, le «preocupa» el escenario de incertidumbre, que «haya excesiva movilidad» con la actual incidencia acumulada y que «se cumplan con derechos laborales». A falta de estado de alarma, desde la Junta apelan a la responsabilidad individual para evitar un repunte de los contagios.
La CEA teme que haya cuatro o cinco días sin que las regiones sepan qué hacer
Salud esperará al Consejo Interterritorial de hoy para desvelar sus medidas