El juez califica de «subvención a la empresa» las ayudas de los ERE
Procesa en la pieza de Río Grande a la dueña, un sindicalista y una intrusa, entre otros
El caso de los ERE irregulares que salpica a toda una década de gestión socialista en la Junta de Andalucía sigue adelante. El juez José Ignacio Vilaplana, en la pieza por las ayudas de 1,5 millones de euros de la Consejería de Empleo para el ERE del restaurante Río Grande de Sevilla, ha acordado seguir la causa contra nueve personas, entre ellas, la empresaria. Para el juez instructor, «estas ayudas constituyen una verdadera subvención a la empresa en cuanto que el destino de la misma era financiar el coste de las relaciones laborales y las consiguientes obligaciones» empresariales.
En este sentido, el juez añade que «el destino de estas subvenciones habría sido el de financiar el coste de la indemnización por despido colectivo acordado entre la empresa y sus trabajadores en la tramitación del correspondiente ERE, siendo la forma de pago de dicha indemnización la suscripción de un seguro de rentas a favor de los trabajadores».
En un auto fechado el 30 de abril y facilitado a este periódico por el TSJA, Vilaplana procesa a nueve personas por las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta concedió a Río Grande. Entre éstas se encuentran la empresaria María del Carmen García; la intrusa Carmen Fontela, beneficiaria del expediente de regulación de empleo aunque nunca fue trabajadora de Río Grande; los excomerciales de la aseguradora Vitalia Jesús Bordallo y Francisco González; el exdirectivo de dicha empresa Antonio Albarracín; Eduardo Leal, testaferro de las empresas pantalla en el caso de los ERE; y Carlos Leal, abogado del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís. También está el ‘conseguidor’ de los ERE y exdirigente de UGT Juan Lanzas y su pareja Beatriz N.M.
Para el magistrado, los hechos denunciados pueden ser constitutivos de presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, ahora, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación.
El objeto de esta pieza separada del caso «lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta a la entidad Río Grande sin sujeción al procedimiento legalmente establecido», añadiendo que, «así, de manera ilícita y fraudulenta, se concede una ayuda o subvención a dicha empresa para satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE de 2005 mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicio».
La empresaria sabía que la Dirección General de Trabajo, con Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) al frente, «al margen de los procedimientos establecidos, podía otorgarle fondos públicos para obtener liquidez inmediata». Consiguió que Guerrero beneficiara a Río Grande con «una ayuda ascendente a la suma de 1.531.299,91 euros». Dicha subvención «no consta formalmente entre las ayudas concedidas y facilitadas por la Junta, toda vez que se utilizó el sistema irregular de ‘pagos cruzados’’, esto es, se pagó con fondos inicialmente destinados a verificar otros pagos. El ERE suponía la extinción de 12 puestos de trabajo de los 33 trabajadores
El fallecido director general de Trabajo benefició a Río Grande con 1,5 millones de euros
Según el juez, la Consejería de Empleo usó fondos con otros fines para pagar la ayuda del ERE
de la plantilla por «causas organizativas», sin que conste el correspondiente informe del Servicio Público de Empleo Estatal, autorizando, por causas organizativas, dicho ERE.
En este punto, el magistrado explica que el coste aceptado por la empresa de las indemnizaciones por rescisión de contratos, que alcanza una media por trabajador de 140.693,29 euros, fue asumido en su práctica totalidad (90,7%) por la Junta, aún cuando el ERE no se vincula a causas económicas». De ahí que el juez concluya que este dinero fue una «verdadera subvención a la empresa».