Una filial de Abengoa falsificó facturas para cobrar 30 millones
Un inspector de Hacienda dice que facturó servicios que eran un «puro invento»
Grupo Abengoa, que tiene un 70% de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), facturó casi 30 millones de euros entre 2004 y 2009 en concepto de asesoramiento, unos servicios que fueron «puro invento». Para el inspector de Hacienda que elaboró el informe aportado en la macrocausa Poniente esta facturación fue realizada a medida para que su filial Aygesa cobrara dinero público y «ordeñara la vaca del Ayuntamiento de El Ejido».
La filial de la multinacional sevillana «decidía cuánto se iba a llevar antes de hacer el contrato». En la investigación realizada no encontraron rastro de la documentación que acreditase la prestación de los supuestos servicios, denominados como Fee y Extrafee, ni en papel ni en soporte digital en los ordenadores que intervino la Policía Nacional.
El inspector de Hacienda indicó que el único rastro fueron unos documentos que llegaron en 2012, unas facturas de supuestos trabajos, que se incrementaban conforme pasaban los años. Localizaron una serie de contratos que se correspondían a servicios de asesoramiento, por distintas causas, fechados en enero y que aparecían como creados posteriormente con retribuciones distintas. Así, Aygesa decidía primero cuánto se iba a llevar y después fabricaba el contrato. «Se reunían a final de año o a primeros de enero y decidían la facturación por Fee y Extra-fee a Elsur», explicó el perito.
La sociedad filial Abengoa Agua y Abengoa tuvieron que aportar 49,8 millones de euros, en concepto de responsable civil subsidiario. En 2019, el juzgado acordó el embargo preventivo sobre los saldos positivos en cuentas bancarias y devoluciones tributarias del grupo y sobre un inmueble en propiedad. Están acusados una serie de exdirectivos de Abengoa, como José Amate Rueda y Antonio Marín; el expresidente de la filial Aygesa, José María Marañón; el exdirector general de esta compañía, Antonio Ramón Borrero, y apoderados de la compañía, como Justo Fernando Bolaños y Manuel Fernández, entre otros.
Los delitos que se le imputan son presunto cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública. Fuentes de Abengoa indican que ningún de los empleados de la empresa en aquella época imputados en el Caso Poniente trabajan actualmente en la compañía.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la trama del caso Poniente al Grupo Abengoa como socio privado de Elsur y le acusa de haberse apoderado de 30 millones de euros con sobrefacturación, todo ello, con la connivencia del exalcalde Juan Enciso y del exinterventor municipal, José Alemán.