Excluyen al alcalde de Casariche pese a la oposición de la Fiscalía
El juez ordena el sobreseimiento de la causa para el socialista Basilio Carrión
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa, que investiga el presunto fraude en la planta de reciclaje del Consorcio de Medio Ambiente Sierra Sur y el desvío de fondos a las sociedades de los cabecillas de la trama, el secretario-interventor del Consorcio, José Antonio Mañas, y del jefe de la planta, Manuel Ibáñez, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa para el alcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión, después del informe caligráfico sobre su firma que pone en duda que éste rubricara algunos documentos claves para los hechos bajo sospecha. Esta decisión judicial llega pese a la oposición de la Fiscalía y las acusaciones.
En esta causa, donde el instructor elevó el posible desfalco a 3,4 millones, se investigan hechos que podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La decisión del juez se produce a petición de la defensa de Carrión y después de que se presentara en la causa una prueba pericial caligráfica sobre las firmas del alcalde de Casariche y quien fuera presidente del Consorcio cuando ocurrieron los hechos investigados, allá por 2016.
Dicho informe, según recoge el auto al que ha tenido acceso ABC, descarta la intervención de Carrión en los contratos de arrendamiento suscritos el
12 de enero de 2016 y el 22 de noviembre de 2018 entre el Consorcio y Magno Ambiental, empresa de Mañas e Ibáñez. Tampoco intervino en el certificado de mantenimiento de relaciones contractuales, siendo éstos precisamente los documentos mediante los cuales se habría favorecido o consumado la perpetración de los presuntos hechos delictivos.
Sobre estos hechos, la Policía Nacional, en su último informe, señala que está más que demostrado que Mañas e Ibáñez usaron Magno para defraudar los fondos públicos de distintos organismos como el Consorcio, la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur o el Ayuntamiento de Los Corrales. En los años 2016 y 2019, el Consorcio, con la participación de Mañas como secretario-interventor, suscribió sendos contratos de arrendamientos de camiones para la recogida de basura con Magno, que «ha incumplido de manera reiterada el objeto de ambos contratos», según la UDEF. La contratación de Magno fue «arbitraria y dirigida a satisfacer los intereses particulares de Mañas e Ibáñez». La actuación de Magno beneficiaba a Mañas e Ibáñez y suponía perjuicio económico para el Consorcio.
El juez también atiende las explicaciones dadas por Carrión en su declaración como investigado, en la que sostenía que rubricaba cuanto se le presentaba a la firma «confiando en el buen hacer de los órganos técnicos», en los funcionarios. Declaró no saber nada de lo que se investigaba, escudándose en los técnicos y en la confianza en los papeles que éstos le ponían por delante: «me limitaba a firmar». Para el juez, estas afirmaciones encuentran cierto apoyo en el resultado de la instrucción, ya que en su declaración el alcalde de Casariche admitió la posibilidad de haber firmado incluso documentos que la prueba pericial caligráfica ha evidenciado que no firmó. «Resulta llamativo que hayan sido precisamente los documentos antes mencionados los que no aparecen firmados por el entonces presidente del Consorcio, lo que es indicio de que tales documentos podrían haberse sustraído al conocimiento del investigado», expone el auto. Carrión tenía «confianza» en el secretario-interventor y empresario, José Antonio Mañas, lo que «habría dificultado aún más» que Carrión pudiese percatarse de las irregularidades que presuntamente se estarían cometiendo en el seno del Consorcio con Magno.
En su argumentario para excluir al alcalde socialista de Casariche, el juez asegura que Mañas tenía interés en que el Consorcio «permaneciese al margen de una posible actuación fiscalizadora externa», a través de la Cámara de Cuentas de Andalucía, «dificultando con ello que el presidente (Basilio Carrión) pudiese tener conocimiento, a través de los correspondientes órganos de control, de las irregularidades que presuntamente se estaban produciendo».
Para el juez no existen indicios lo suficientemente sólidos para mantener a Carrión como investigado en esta causa, pues «no se tiene constancia de que existiese un concierto previo o una cooperación necesaria de éste en la estrategia urdida por los principales investigados para defraudar al Consorcio y obtener un ilícito beneficio a través de la asignación a Magno de diversos contratos»
Descarta la intervención de Carrión en los contratos del Consorcio con la empresa de los cabecillas de la trama
El alcalde de Casariche alegó confiar en el trabajo de los funcionarios a la hora de firmar los documentos