Caso ERE La letrada de la Junta se queda sola al ‘salvar’ a un excargo del PSOE
Fiscalía y PP sí acusan a Daniel Rivera por las ayudas a la trama de Sayago-Rosendo
La Fiscalía Anticorrupción y el PP andaluz acusan al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera Gómez, al que piden dos años de prisión por dos supuestos delitos de malversación y prevaricación. Pero la letrada de la Junta de Andalucía considera que este ex alto cargo del Gobierno socialista de José Antonio Griñán «no sería responsable» de ningún delito por los 34,26 millones de euros en ayudas irregulares concedidas por la Administración con cargo al fondo de los ERE a empresas vinculadas a los exconcejales del PSOE en El Pedroso José María Sayago Lozano y José Enrique Rosendo Ríos (fallecido en 2016). La Junta, que es la principal perjudicada por el quebranto económico causado con las ayudas, vuelve a disentir de los criterios del Ministerio Público y la acusación popular ejercida por el PP-A.
Estas discrepancias se ponen de manifiesto en un auto dictado el pasado 10 de mayo por el juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana. Mediante esta resolución, abre juicio oral contra el citado ex alto cargo de la Consejería de Empleo y cuatro empresarios al frente de una constelación de «empresas pantalla» en la Sierra Norte de Sevilla con el único fin de «recibir subvenciones». Eran sociedades, en su mayoría, sin actividad ni empleados. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla hace constar que «la Junta no ejercita pretensión de condena frente a Daniel Alberto Rivera».
Indicios criminales
El juez también discrepa del parecer de la Junta. Y suscribe la posición de Anticorrupción. Aprecia indicios «suficientes y solventes» de que Rivera «sí tuvo intervención –y, por tanto, podría ser partícipe y responsable– en los hechos delictivos». Ordenó y dispuso «de manera arbitraria e injusta» de los fondos públicos constitutivos del «ilícito pago de parte de las ayudas objeto de las actuaciones (en este caso, concedidas en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A.)».
La Junta tampoco reclamó indemnización al ex alto cargo. La letrada autonómica no ha dirigido escrito al juzgado renunciando al resarcimiento de los daños y perjuicios causados, pero tampoco se ha reservado ejercer acciones civiles contra ningún acusado. Como no ha hecho ni lo uno ni lo otro, el juez ha permitido a la Fiscalía que se diriga «en solitario» contra los presuntos responsables penales y civiles que se sentarán en el banquillo. Una vez examinados los escritos de acusación presentados por el Ministerio Público y el PP-A, el magistrado requiere a los cuatro empresarios y Rivera una fianza total de 35.775.500 euros «para asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponerse en caso de condena y fija responsabilidad civil subsidiaria a 17 sociedades. A Sayayo se le reclama la fianza más elevada: 18,2 millones de euros. A Eduardo Lora Ruiz le exige 5,9 millones, 6,5 millones a Manuel Valdecantos Lora-Tamayo, 5,1 millones a Manuel Robles Ortega y 75.500 euros a Daniel Rivera. El magistrado exige que se depositen las fianzas en el plazo de un día, «con el apercibimiento de que, de no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma que se señala».
Al empresario Sayago le atribuye supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y, alternativamente, delitos de estafa o de apropiación indebida. Los otros cuatro acusados, «presuntos responsables penales y civiles directos de la comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación».
23 años de prisión
Las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía y el PP suman 23 años de prisión. El Ministerio Público pide para tres empresarios cinco años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta. Eleva a seis los años de prisión y doce de inhabilitación para el principal acusado, José María Sayago.
«Ninguna de estas ayudas, que se concedieron sin solicitud ni documentación justificativa alguna, se dedicó a la promoción del empleo», sino que sirvieron para «generar un ilícito enriquecimiento» a sus titulares, argumentó el juez en el auto previo de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Las empresas de esta trama «tenían por objeto recibir subvenciones y ayudas de la Junta para, seguidamente, realizar el traspaso de fondos a distintas sociedades del mismo entramado».
El juez considera que se generó un «ilícito enriquecimiento» con los 34,2 millones en ayudas