Las víctimas buscan medios para recurrir las salidas de los etarras
Tras un año, Marlaska recibe a la AVT, que le muestra su enfado por los continuos traslados
Un año después, el ministro del Interior constató cara a cara el dolor que provoca entre las víctimas del terrorismo el traslado continuo de etarras hacia cárceles próximas del País Vasco. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) transmitió a Fernando Grande-Marlaska, al margen de las críticas por el fin de la política de dispersión, su inquietud ante el plan que tienen los nacionalistas vascos para gestionar sus cárceles a partir de octubre y, por ello, insisten en su reclamación de una reforma del Estatuto de la Víctima que les permita poder recurrir las salidas de los etarras. En las prisiones vascas cumplen condena 44 miembros de la banda terrorista.
«Hemos trasladado nuestra preocupación ante el plan anunciado por el Gobierno vasco centrado en potenciar el régimen de semilibertad, concediendo terceros grados a los presos de las cárceles vascas, por lo que hemos destacado la importancia de reformar el Estatuto de la Víctima para que las víctimas podamos recurrir estas decisiones», manifestó la AVT en un comunicado de prensa publicado una vez finalizada la reunión con Marlaska. Hasta el ministerio se desplazaron la presidenta de la asociación, Maite Araluce, el consejero Miguel Folguera y la abogada Carmen Ladrón de Guevara.
Según la normativa actual, las víctimas tienen en su mano pocas herramientas más allá de recurrir la libertad condicional de los condenados. En este punto hay que hacer mención a la proposición de ley sobre protección a las víctimas del terrorismo impulsada en el Congreso por el PP, con cuyo líder, Pablo Casado, también se reunió ayer la AVT, precisamente para analizar dicho texto. La propuesta de los populares insiste en una reforma del Estatuto de la Víctima que, entre otros cambios, otorgue un mayor grado de participación a la víctima en el proceso de ejecución de la condena. «Esta reforma, que posibilitaría que las víctimas puedan recurrir los terceros grados, cobra ahora más importancia teniendo en cuenta el plan del Gobierno vasco de potenciar el régimen en semilibertad para los presos de sus cárceles», resumió la asociación.
Resignación
Como ha venido haciendo cada viernes durante los últimos meses, la AVT recriminó al ministro –aunque esta vez pudiera hacerlo personalmente– que el Gobierno haya puesto fin a la política de dispersión pese a las promesas que, según expusieron, les hizo Marlaska en encuentros previos. «Le hemos hecho saber que esto supone una cesión a una reivindicación histórica de ETA, de ahí que haya sido aplaudida por el entorno de la organización», consideró la AVT, que sin embargo, admitió haber asumido las decisiones del Gobierno, ya que se enmarcan dentro de la legalidad.
«Las víctimas del terrorismo aceptamos resignadas la aplicación de la legislación penal, como no podía ser de otra manera, y asumimos que el tiempo pasó y los etarras van cumpliendo sus condenas. Será legal pero el contexto en el que se produce no es moral», denunció la AVT tras una reunión que, según las fuentes consultadas, se desarrolló en un clima cordial y que puede servir, pese a los desencuentros de estos meses, a mejorar la comunicación entre ambas partes.
Puerta de atrás
La asociación aludió a que la cesión de las prisiones se realizara justo ahora, con una coyuntura en la que «los herederos del frente institucional de ETA se vanaglorian de condicionar la política del Gobierno» y en la que cada vez que un etarra sale de prisión es recibido como si fuera un héroe en sus localidad de origen. Alimenta las sospechas que la transferencia de las competencias sobre el sistema penitenciario se haya realizado ahora aunque es algo que ya se recogía en el Estatuto de Autonomía vasco de 1979 y que hasta el momento no había despertado tanto interés entre los sectores nacionalistas.
Por ello, las víctimas reclamaron a Marlaska «que la legislación y la política penitenciaria no se conviertan en la puerta de atrás del Derecho Penal favoreciendo la impunidad». De igual modo, insistieron en que «las autoridades penitenciarias se preocupen y se ocupen no tanto de satisfacer las reivindicaciones de los presos terroristas sino de hacer justicia a las víctimas».
Los planes del País Vasco para la gestión de sus cárceles preocupan a la Asociación de Víctimas