Bruselas fía el crecimiento a que el Gobierno utilice bien los fondos UE
Europa da a entender que la recuperación económica no reducirá el paro si no se llevan a cabo reformas en el mercado laboral
En las previsiones de primavera de la Comisión Europea, España aparece como el país que más va a crecer en 2021 después de haber sido el que más retrocedió en 2020. Los cálculos de Bruselas mejoran incluso en tres décimas, desde el 5,6% al 5,9% en 2021, los avances del PIB que se preveían en febrero, cuando se presentaron los de invierno.
Sin embargo, Bruselas también advierte de que ese cálculo está basado en la presunción de que el Gobierno hará un «buen uso» de los fondos europeos que España ha solicitado y avisa de que a pesar de ese crecimiento del PIB el desempleo no solo no bajará este año, sino que aumentará dos décimas, hasta el 15,7%, antes de emprender una lenta reducción en 2022, cuando se espera un crecimiento del 6,9%, lo que tendrá consecuencias para el equilibrio presupuestario cuando se retiren las cláusulas de salvaguardia y vuelva a operar el pacto de estabilidad y las medidas de control del déficit público.
Las previsiones de la Comisión se hacen bajo la premisa de que no habrá cambios en la política de los gobiernos de cada país. En este caso, el cierre de ese cálculo se ha hecho el 30 de abril, es decir, el mismo día en que tenían que entregar los planes de recuperación que son necesarios para obtener los fondos europeos para resucitar las economías comunitarias.
Esto explicaría por qué el Gobierno se tomó tanto trabajo para que de alguna manera a Bruselas llegase un documento a pesar de que aún no está claro ni qué ha enviado ni qué medidas tiene realmente en mente llevar a cabo. El único interés era que el documento entrase en el registro de la Comisión antes de que los técnicos cerrasen la recogida de datos para elaborar las previsiones de primavera.
Según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, la previsión de primavera asume que España recibirá 12.000 millones en subvenciones a fondo perdido este año y 22.000 millones en 2022. «Estos planes –dijo el comisario– entran en las previsiones, pero solo tendrán efecto si se aplican bien». Lo que significa que, «puesto que llevará cierto tiempo antes de que el gasto tenga lugar, es posible que el impacto positivo de los fondos sea aún más importante en 2022 que este año». El cálculo del Ejecutivo comunitario presupone, por tanto, que el Gobierno puede no hacer cambios en su política económica porque aún no ha podido analizar plenamente el plan que le ha enviado el Ministerio de Economía, en el hipotético caso de que los técnicos encuentren medidas concretas en su contenido. «Se incluye la llegada de las subvenciones, pero no el impacto general de su utilización, aunque podemos esperar que la combinación entre reformas y subvenciones tendrá un efecto más importante». Según la impresión de algunos expertos, la Comisión ha puesto el límite en que al menos el Gobierno no se aleje más de lo que se le pide respecto a la legislación actual sobre empleo y pensiones.
Precisamente por ello y a pesar de la reapertura progresiva de la economía, Bruselas teme que los fondos europeos no serán suficientes para reducir el desempleo, cuya tasa crecerá dos décimas para llegar al 15,7% en 2021. Más adelante, la situación del empleo mejorará levemente, hasta llegar a un nivel de paro del 14,4% en 2022. A más de uno le podría sonar esta referencia al hecho de que el Gobierno no haya incluido ninguna reforma en el mercado laboral español, que es una de las debilidades estructurales que la Comisión se ha hartado de señalar a las autoridades españolas.
Evaluación en junio
Por ahora, el plan español y de los demás países que han pedido fondos europeos está siendo estudiado por los técnicos y la Comisión Europea publicará sus primeras evaluaciones durante la segunda mitad de junio. En consecuencia, Bruselas espera poder realizar los primeros pagos a los Estados miembros «a principios de verano», por lo que el contenido de estas previsiones no debería confundirse con una evaluación positiva o negativa de lo que le ha remitido el Gobierno. En este periodo, la Comisión también espera que los gobiernos nacionales transformen sus planes en «decisiones jurídicas de ejecución», es decir, que transformen en leyes las medidas y las reformas que se comprometen a llevar a cabo.
La Comisión sigue pensando que la economía española «está todavía sujeta a un alto grado de incertidumbres» relacionadas con la recuperación del sector turístico y con la respuesta del sector privado al futuro levantamiento de las restricciones. Se muestra optimista respecto al efecto de la campaña de vacunación en toda Europa, pero advierte del peligro latente que ocultan los problemas de rentabilidad de una parte de las empresas españolas que «podrían materializarse en insolvencias empresariales con riesgos para la capacidad productiva y el empleo».
Precisamente por eso, no recomienda todavía la retirada de los mecanismos de apoyo que se han tomado durante el último año. La Comisión no critica lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno y recuerda que «siempre recomendamos evitar la supresión de forma abrupta de estas medidas. El resto es el ritmo y la coordinación» en la aplicación y retirada de las distintas medidas «sobre todo aquellas que tienen un impacto social más evidente».