La Ley de Memoria Histórica es una colosal fábrica de necios y cretinos
OTRA vez. En esta ocasión en Cádiz, ciudad en la que vio la luz por vez primera, donde el alcalde ha ordenado retirar la placa que figura en su casa natal. Ya inauguró el patético baile del ajuste de cuentas el Ayuntamiento de Jerez cuando retiró un busto del autor de ‘El Divino Impaciente’ del primer teatro de la ciudad acusándole, nada menos, que de «asesino», entre otras disparatadas burradas. Blandiendo la temible Ley de Memoria Histórica, el famoso Kichi, demostración palpable de la decadencia de la política española, en la que cualquier mamerto populista puede alcanzar mando en plaza, ha acusado a Pemán de franquista, golpista, cómplice de dictadores y tal y tal, negándole, por supuesto, cualquier tipo de mérito creativo, literario o de cualquier otro ámbito. En este último apartado no vale la pena entrar: a Pemán no lo va a calificar para la historia este sublime ignorante. Está en su derecho de que no le guste su dramaturgia, su poesía o su fascinante faceta de articulista, pero no por eso se derriban azulejos. Kichi asegura que Pemán colaboró con Franco en no sé cuántas cosas y
Sánchez puede estar orgulloso: ya no le hace falta pedir generosidad a la oposición: le sobran votos para aplastarla
SI me acercase a un confesionario y dijera al sacerdote: «Padre, me acuso de haber cometido tales pecados, y pienso seguir cometiéndolos», estoy seguro de que pese a haber cambiado tanto la Iglesia católica, no me daría la absolución. Sin embargo, los obispos catalanes están a favor de que se indulte a los cabecillas del mayor delito que puede cometerse contra el país en que viven: la sedición, más algún otro mezquino, como malversación de caudales públicos. También los grandes empresarios, la famosa CEOE, que salieron pitando de Cataluña cuando allí empezó a oler a chamusquina, y, desde luego, la famosa mayoría Frankenstein, corregida y aumentada, que ha tumbado en el Congreso la propuesta de condenarles. Incluso dos miembros del Tribunal Constitucional han dado los argumentos para neutralizar la sentencia del Supremo.
Sánchez puede estar orgulloso: ya no le hace falta pedir generosidad a la oposición: le sobran que, por lo tanto, ochenta años después no puede ofenderse a los paseantes mediante un recordatorio de su figura.
Es una pena que gente por la que debería haber pasado la fiebre ideológica que todo lo transfigura, siga siendo angustiosamente sectaria e intolerante, y que en el mundo que ellos controlan solo quepan los suyos y no aquellos sobre los que cayó el manto de la reconciliación, gracias, entre otros, al Partido Comunista de la época, que poco o nada tenía que ver con esta tropa de mamarrachos. El día que se entere que Pemán sumó sus esfuerzos para restaurar la Monarquía en la persona de Don Juan, que tanto se enfrentó a Franco, le da un soponcio.
La Ley de Memoria Histórica es una colosal fábrica de necios y cretinos. Brotan por doquier, mostrando una pasión guerracivilista que consigue superarse en cada ejemplo. Desde retirar en Barcelona una calle al almirante Cervera «por facha» a calificar a Pemán de asesino o de franquista. No fue ninguna de las dos cosas, pero sí era de derechas, además de un descomunal creador que se fundió en un abrazo con otro gran talento, estalinista él, llamado Rafael Alberti, aquél que dijo que se fue de España con el puño cerrado y que volvía, en cambio, con la mano abierta. Los abrazos que firmaron algunas generaciones de españoles son ahora revisados por estos mediocres comisarios de la intransigencia convertidos en luchadores antifranquistas con la espoleta retardada. Les abrigan disposiciones legales, desde la que establece que no existe el delito de enaltecimiento del terrorismo ya que ETA no existe, pero sí el de apología del franquismo porque, por lo visto, Franco sigue viviendo en El Pardo, hasta este bodrio de ley, residuo indecente del paso de Zapatero por el poder y de la cobardía estúpida del PP que no se atrevió a derogarla. votos para aplastarla (190/152) e incluso puede darse el gustazo de decir que la culpa del fallido golpe fue «la desidia e indolencia de Rajoy ante el desafío independentista». Y no se quedó ahí. Nuestro presidente apela a «los valores constitucionales» para justificar los indultos que piensa conceder a quienes están en la cárcel por violar la Constitución y desobedecer sentencias de los más altos tribunales. Presentándose como el que lo ha puesto fin, a tal extremo llega su osadía y desvergüenza.
No hay duda de que Sánchez ha ganado este asalto en el combate por la España del siglo XXI. Pese a sus resbalones en la pandemia y en la escena internacional, el indulto de quienes montaron el aquelarre del 1-O ha ido ganando terreno hasta hacerse casi inevitable. Lo que no significa legal. El Gobierno tiene el poder de concederlo. Pero no es omnímodo ni, menos, un deber. Es una gracia a usar sólo en escasas ocasiones y ciertas condiciones, aunque nuestra deficiente cultura democrática la haya convertido en coladero. Pero está en juego demasiado para que esta vez ocurra.
La principal objeción a concederlo no es la falta de arrepentimiento de los reos, sino su decisión de repetirlo. Toda pena, dice la jurisprudencia, debe buscar la rehabilitación del condenado, inexistente en este caso, mientras el sentido común advierte que dejar en libertad a tales individuos significa una amenaza para España y para Cataluña. Desde luego, va a contribuir a eso que el mentiroso mayor del reino llama «interés nacional». Todo lo contrario: el único interés que favorece es el suyo que podrá seguir durmiendo en La Moncloa. Mientras la frustración crece en ambos bandos al no alcanzar sus objetivos. Lo veremos pronto.