Ayuntamiento y Junta abren otro frente por la titularidad de parcelas
Avra exige expropiar y pagar por los suelos de la comisaría de Betis y otros de Kansas City
mejor resultado para la sociedad, como en este caso, en el que para que la unidad de España sea más fuerte, es necesaria que la convivencia social en Cataluña también lo sea».
Antes de las palabras de Espadas, la votación se saldó con el rechazo a la propuesta con los trece votos del PSOE y los cuatro de Adelante (Podemos e IU), formaciones que, así, mostraban su respaldo a los indultos en Cataluña. El PSOE, de hecho, dibujó claramente su posición por boca de la concejal Castaño, que acusó al PP de «deslealtad institucional» y de hacer trampas trayendo esta propuesta» porque «lo que no soportan es que Pedro Sánchez sea presidente». «Los indultos —dijo— están recogidos como figura en la Constitución y tienen en este caso una finalidad clara, el interés general, mejorar la convivencia y abrir un tiempo nuevo en Cataluña con diálogo».
En el debate previo a la votación, el concejal del PP Rafael Belmonte, que defendió la propuesta, reclamó «no indultar a dirigentes que no se han arrepentido» de los hechos por los cuales fueron condenados, rememorando que años atrás el propio Sánchez apostaba por «acabar con los indultos políticos» y que en octubre de 2019, con motivo de la citada sentencia condenatoria del Supremo, no abogaba por dicha medida. Belmonte insistió en que los dirigentes condenados «no han renegado de los actos» por los que fueron sentenciados, pues el Supremo ha señalado la falta de arrepentimiento como uno de los motivos para oponerse a tal medida, quedando sobre la mesa del Gobierno la opción de conceder o no estos indultos de forma parcial. «Si Pedro Sánchez aboga ahora por la figura del indulto, en una demostración de oportunismo chusco y de huida hacia adelante, es porque se ve obligado a responder ante quienes le perdonan la vida política cada día», refirió Belmonte. Tanto Vox como Ciudadanos cargaron duramente contra el PSOE por «la sumisión al sanchismo» y por «carecer de un criterio propio».
Dentro de esa creciente tendencia a promover iniciativas de claro sesgo político para presionar a la Junta de Andalucía, en manos del PP, el pleno aprobó ayer una moción del PSOE para instar a la Administración andaluza a «desistir de su estrategia de obligar al Ayuntamiento a iniciar expedientes de expropiación por ministerio de ley» sobre la parcela de la calle Betis que ocupaba la antigua comisaría de la Policía Nacional y sobre unos terrenos de 150.000 metros cuadrados delimitados entre la avenida de Kansas City y la NIV, y en ambos casos propiedad autonómica, junto a aquel tanque de tormentas que construyó Emasesa.
«Es difícil de entender esta estrategia de la Junta por la que obliga al Ayuntamiento usando la fórmula de la expropiación por ministerio de la ley a abonar un justiprecio por suelos sin previa negociación ni intento de alcanzar un acuerdo. Son suelos que además la Administración autonómica podría desarrollar de acuerdo con el planeamiento. Contrasta con otros acuerdos alcanzados recientemente como la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de los suelos de los Jardines del Valle para la construcción del nuevo colegio», explicó en la sesión de ayer el concejal socialista Antonio Muñoz, quien recordó que, «si el Ayuntamiento no acomete la expropiación de la parcela de Betis y de la franja de suelos en Kansas City, en el plazo de seis meses se entendería igualmente el inicio del expediente y la petición de indemnizaciones económicas por parte de la Administración regional. O lo haces o lo haces. Esa es la postura de la Junta, que en ningún momento ha ejecutado en estos suelos de su propiedad. Atender a las pretensiones económicas de una empresa pública como es AVRA a través de un expediente de expropiación supondría un desembolso de varias decenas de millones de euros».
Desde la oposición, tanto PP como Ciudadanos —ambos, socios de gobierno en la Junta— reprocharon al gabinete municipal que «utilice el pleno para hacer política contra la Junta» y achacaron a Muñoz que el asunto «no es exactamente como se está contando», esgrimiendo varios argumentos jurídicos al respecto. Avra, además, reclama otro millón y medio de euros por el acuerdo a tres bandas que permite ampliar Persán y el proyecto para un centro de Servicios Sociales en Palmete.