La Administración obvia la reforma laboral con un 31,4% de temporalidad
▶La tasa supera en 13 puntos al sector privado, que logra su nivel más bajo en más de tres décadas ▶El Estado suma 40.000 eventuales a su plantilla en poco más de un año, ignorando la ley que busca limitarlos
La reforma laboral cumplió en enero su primer año de aplicación, un periodo en el que las empresas, a golpe de legislación, han dado un giro de 180 grados en el modelo de contratar. Mes a mes la estabilidad ha ido ganando terreno apoyada en los contratos fijos discontinuos y a media jornada como fórmula preferente para entrar en el mercado, relegando poco a poco a las fórmulas eventuales muy arraigadas, sin embargo, en una economía muy dependiente del turismo y la hostelería y, por tanto, de la estacionalidad.
Siempre a la cabeza en la UE por la inestabilidad en el empleo, ninguna reforma laboral logró antes poner freno a una fórmula de contratación endémica hasta que el pasado año la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los agentes sociales pactaron los cambios laborales que declaraban la guerra a la temporalidad. De entrada, la misión parece que se va cumpliendo, la economía crea empleo y la estabilidad ha dado pasos de gigante, lo que no significa que la nueva tendencia haya acabado con la precariedad, que sigue instalada en el mercado de trabajo por la alta rotación en los contratos y los bajos sueldos que se están asociando a las nuevas contrataciones. Los jóvenes, y no tan jóvenes, tienen hoy más trabajo, pero son mileuristas y viven al filo de los números rojos.
Casi siempre existen excepciones a la norma y en este caso es el sector público, que todavía mantiene tasas de temporalidad notablemente elevadas, del 31,4%. Hoy, más de tres de cada diez contratos que hay en la Administración son eventuales, cifra que escala de forma significativa cuando se habla de mujeres. Los datos de la EPA reflejan que de los 3,5 millones de trabajadores públicos que hay en España, casi 1,1 millones son temporales y que la tasa entre los hombres es del 23,5% frente al 35,1% de las mujeres, casi doce puntos de diferencia.
Desde que entró en vigor la norma laboral las empresas, también tendría que haberlo hecho la Administración, asumieron la obligación legal de reducir el número de trabajadores temporales, pero el sector público ha hecho lo contrario y no ha parado de aumentar su número, camino ya de alcanzar la cifra récord de 1,1 millones de empleados sin puesto fijo y sin habérselo ganado en propiedad en una oposición. En poco más de un año el Estado ha sumado 40.000 trabajadores eventuales a su plantilla.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ya instó a España a acabar con el abuso de las interinidades y conminó al Gobierno a adoptar una solución. «La condición de interino es excepcional, se debe acabar cuanto antes con la temporalidad», señaló en su momento. Los hechos han demostrado que no ha sido así.
Esta escalada de la temporalidad en la Administración se produce en un momento en el que el Gobierno ha abierto la puerta, por primera vez, a que los interinos que no hayan aprobado la oposición puedan desempeñar funciones propias de interventores y auditores del Estado, aunque sea de forma transitoria. Como ya informó ABC, el gabinete de María Jesús Montero encara una revuelta sin precedentes de estos colectivos –el cuerpo de élite de la Administración que se encarga de fiscalizar la adecuada utilización de los recursos públicos– contra la última convocatoria de acceso al cuerpo publicada por Hacienda, que permite que los aspirantes que no hayan aprobado la oposición puedan desempeñar funciones propias de interventores y auditores del Estado, aunque sea de forma transitoria. Un plan para resolver las carencias de personal de las plantillas públicas que no está siendo bien encajado por los altos funcionarios del Estado.
Enseñanza y sanidad
Y mientras todo esto ocurre en la Administración, en el sector privado la tasa de temporalidad está en los niveles más bajos en más de tres décadas. A finales de 2022, esta tasa estaba situada en el 18,5%, es decir 13 puntos menos que en el sector público. En el caso de la Administración, la reforma laboral no ha ayudado a rebajar la precariedad sencillamente porque no se ha aplicado. El problema, además, no tiene muy fácil solución, teniendo en cuenta que muchos de estos contratos temporales se asocian a actividades altamente marcadas por la estacionalidad, como ocurre en el enseñanza y en la sanidad.
Según el informe trimestral del Instituto EY-Sagardoy, doce ocupaciones mantenían a final del pasado ejercicio una tasa de temporalidad superior al 25%, con diferencias más que significativas entre el sector público y el privado en las mismas profesiones. Es el caso, por ejemplo, de profesionales de la enseñanza con una eventualidad del 30% en el sector privado y del 37,3% en el público. Mucho más llamativo es el caso de los peones agrarios o los ligados a la actividad pesquera, que en el sector privado tienen una temporalidad del 51,8%, cifra que en el sector público escala hasta el 83,1%. El último trabajo del Instituto que