Los pisos de Sareb están en zonas sin demanda y en malas condiciones

▶El plan de Sánchez choca con los contratos que hay en vigor, así como con la banca, que sigue de accionista ▶La entidad está atada hasta al menos 2025 con Hipoges y Anticipa-Aliseda, a quienes adjudicó la gestión y venta de activos por valor de 25.300 mi

El plan del Gobierno para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb (el conocido como ‘banco malo’) para alquiler asequible deja algunas lagunas que ponen en entredicho su cumplimiento y éxito. Buena parte de la cartera inmobiliaria de la empresa controlada en más de un 50% por el FROB –que es el Estado– se ubica en zonas poco demandadas, alejadas de los focos donde la falta de oferta de pisos dispara los precios, además de tratarse de inmuebles con un deterioro notable. El anuncio tampoco convence a los bancos, que siguen siendo accionistas –sin control real– de la Sareb y choca con los actuales contratos de gestión y venta en vigor en manos de los ‘servicers’ (servicios inmobiliarios) Hipoges (KKR) y Anticipa-Aliseda. Estas dos últimas pertenecientes al rey del ladrillo en España, el fondo estadounidense Blackstone.

Son 25.300 millones de la cartera de la Sareb los que gestionan estas dos últimas empresas desde julio del año pasado. Con el ‘banco malo’ tienen un contrato por el que Hipoges se encarga de 13.906 millones de euros (55% del contrato), de los que 8.077 se corresponden con préstamos al promotor impagados y 5.829 millones a inmuebles residenciales, suelos y activos terciarios. Por su parte, Anticipa y Aliseda gestionan activos por valor de 11.379 millones de euros; 6.150 millones de euros corresponden a inmuebles de toda tipología y 5.229 millones corresponden a préstamos al promotor impagados.

Fuentes oficiales de las plataformas inmobiliarias de Blackstone en España señalan a este periódico que «tenemos un contrato de gestión por tres años ampliables a cinco y cumplimos un plan de negocio aprobado por el consejo de Sareb» en relación al anuncio que Pedro Sánchez realizó el domingo durante la convención municipal del PSOE en Valencia. «La afectación a nuestro perímetro dependerá del numero de viviendas disponibles y las localizaciones en áreas tensionadas», abundan, a la espera de conocer los detalles del plan que será aprobado

Sánchez anunció el pasado domingo un plan con el que pretende movilizar 50.000 viviendas de la Sareb y destinarlas al alquiler asequible. 14.000 de ellas están actualmente habitadas; 15.000 habría que construirlas, y 21.000 son activos ya disponibles o pendientes de reformar. hoy en Consejo de Ministros. En todo caso, la Sareb está atada por estos contratos al menos hasta 2025.

Según avanzó el presidente del Gobierno, de las 50.000 viviendas que se movilizarán para el plan de alquiler social, 14.000 están ya habitadas, 15.000 serán construidas con suelo público perteneciente a la Sareb y las otras 21.000 ya están construidas y vacías y serán puestas a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos. Sin embargo, de las citadas 14.000 que dicen que están habitadas, unas 7.000 están ocupadas de manera ilegal. Por otro lado, de las 21.000 que ya están construidas, solo 9.000 están listas para vivir, según fuentes del ‘banco malo’.

Dudas sobre el plan

Todas las fuentes inmobiliarias consultadas por este periódico dudan del éxito del plan. Primero, porque al menos la mitad de las viviendas ya habitadas están actualmente okupadas; las que están por construir deben ser presupuestadas, recibir las licencias de obra y desarrollar la licitación de los contratos de construcción y gestión. Un cóctel por el que podrían pasar hasta cinco años hasta que se puedan entregar las primeras viviendas a cargo del plan.

También dudan del interés de comunidades y ayuntamientos por hacerse con las 21.000 viviendas de la Sareb que el Gobierno les ofrecerá. Fuentes conocedoras de la cartera de la entidad controlada por el Estado aseguran que la mayoría de los 46.542 inmuebles que tienen ahora mismo en propiedad «están ubicados en zonas de baja demanda, de costa, o pueblos donde no hay interés por alquilar».

Estas mismas fuentes apuntan a que la gran mayoría de los activos de valor ya fueros vendidos y tan solo el 25% de las 21.000 casas que ofrecerá el Estado estarán localizadas en zonas que se pueden denominar «tensionadas», como así define el Gobierno en la futura ley de vivienda acordada con ERC y Bildu la semana pasada, a los mercados donde el pago del alquiler representa un alto porcentaje de los ingresos de inquilinos y familias.

En esa ecuación previsiblemente entrarían grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o la región de Baleares en su conjunto. Y directamente en estas zonas geográficas la cartera de la Sareb escasea como se puede comprobar en su porfolio. En la capital disponen de 1.189 unidades; en la Ciudad Condal 767; en Málaga son 102 y en toda la región insular mantienen apenas 447 casas.

Unido a todo ello, también se da un problema grave de deterioro de los pisos, así como de las parcelas para construir. La Sareb es consciente de este problema desde hace años y hace ya varias semanas se puso en marcha una licitación para intentar atajar el problema.

Se ha sacado un contrato, que está pendiente de adjudicar, para el «servicio integral de ejecución de obras de adecuación». Como rezan los pliegos, «el rango de actuaciones que representará la base del alcance del presente pliego se corresponde con todas las acciones que tienen como objetivo devolver un activo al estado óptimo de ser comercializable, según requerimientos del ‘servicer’. Estas acciones incluyen la ejecución de obras, acciones técnico-legales y administrativas que sean necesarias para la legalización de los activos y la disponibilidad comercial».

Ese deterioro ha sido obviado durante años por parte de la entidad y es ahora cuando se invertiría en adecuar su estado. En concreto, este contrato es de 170 millones de euros, a lo que se sumarían otros 300 millones más en posibles prórrogas.