LAS 50.000 VIVIENDAS DE SÁNCHEZ
La promesa electoral del domingo en Valencia quedó reducida en dos días a 9.000 viviendas disponibles. La demagogia tiene las patas muy cortas. ¿Le compensa al Gobierno hacer esto?
LA historia de cómo 50.000 viviendas ‘movilizadas’ por el presidente del Gobierno en un mitin electoral el domingo se han convertido en 9.000 que están realmente disponibles dos días después es la historia de un Ejecutivo que vive de los titulares sin descender a la realidad de los problemas de los españoles. Titulares que repiten acríticamente sus medios adictos, pero que no resisten el contraste de la realidad. De la misma factoría de las 50.000 viviendas salió el supermercado donde la vicepresidenta Nadia Calviño notaba la bajada del IVA en los productos de primera necesidad o que la ley del ‘solo sí es sí’ sería «una ley de vanguardia» que iba «a inspirar otras muchas leyes en el mundo» y no una norma que ha beneficiado a casi un millar de delincuentes sexuales.
Que no había 50.000 viviendas disponibles en la Sareb se sabía antes de que Sánchez concluyera el acto electoral. Unas 14.000 ya estaban ocupadas o en régimen de alquiler social. Otras 15.000 eran meros proyectos sobre suelo en manos de la Sareb. Y las 21.000 restantes se presumía que estaban a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos, pero, ayer, la vicepresidenta Calviño reconoció tras el Consejo de Ministros que de esas, hay 12.000 que necesitan un proceso de «readecuación» y que sólo 9.000 están listas.
La Sareb fue el ‘banco malo’ que ideó Luis de Guindos para descargar a la banca española de sus activos inmobiliarios tóxicos tras la ruina del sector promotor. La mala comprensión de dicha operación por parte de este Gobierno se debe al influjo de Podemos, que siempre ha creído que ese rescate creó una deuda impagable de la banca con la sociedad española. Por eso la ministra de Transportes habla con ligereza de «fondos buitres» para referirse a los inversores que ayudaron a digerir los excesos de la burbuja inmobiliaria que el anterior gobierno socialista no fue capaz de pinchar, entusiasmado con los superávits que arrojaba. Es tal el cúmulo de despropósitos que hemos oído estos días que el Gobierno ha presumido de haber dictado la primera ley de vivienda de la democracia, olvidando que en 1985 el mismo Partido Socialista aprobó la ‘Ley Boyer’ de desregulación de los alquileres, y se ha jactado de haber resuelto un problema de corte histórico.
¿Qué ventajas puede reportarle al Gobierno y, personalmente, a Pedro Sánchez, haber propagado este bulo? Es sabido que el presidente no titubea a la hora de poner en juego su crédito personal. Varias veces ha prometido una cosa y, poco después, la contraria. Pero incluso esto debería tener un límite. Cabe suponer que Sánchez lleva desde noviembre en una campaña electoral permanente donde el afán por dominar la agenda le lleva de una polémica a otra: de la eliminación de la sedición a la rebaja de la malversación y a la toma de conciencia de los daños que ha causado la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’; del ataque desproporcionado a la decisión de Ferrovial de trasladar su sede para tapar el escándalo de corruptelas de Tito Berni al acuerdo con Bildu y ERC de una ley de vivienda que consagra los topes a los precios del alquiler y redobla las garantías a los inquilinos que dejan de cumplir. Hay una frase de Sánchez en el mitin del domingo que resuena de manera singular: «Hemos convertido un problema en un derecho». Efectivamente, es muy probable que el Gobierno lo que quiera ocultar con esta falsedad de las 50.000 viviendas es su incapacidad para garantizar el derecho de acceso a la vivienda de otra manera que no sea interviniendo los precios del alquiler de las viviendas en manos privadas.