Ultimátum del TSJA por la inacción municipal ante el hotel Algarrobico
▶ Amenaza con multar al alcalde de Carboneras si no corrige el carácter urbano de los terrenos
del PP andaluz y de los eurodiputados de dicho partido— tuvo una respuesta también por carta.
En su misiva, que firma el exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, el PP señalan al vicepresidente de la Comisión Europea que de ninguna forma «el proyecto de mejora de la gestión de la zona agraria localizada en la Corona Norte de Doñana», afecta «con la legislación española».
Además, la carta de respuesta del PP europeo indica que la idea del proyecto es «proteger Doñana» puesto que «no permite la explotación de acuífero» del parque y, además, no es una garantía de acceso a agua de riego para las nuevas explotaciones que se regularizan.
Por último, la misiva señala que las zonas que se van a reordenar no están dentro del parque de Doñana como se podría entender de la carta del PSOE. De hecho, el escrito de los populares detalla que las explotaciones agrícolas se encuentran «a 30 o 40 kilómetros» del espacio natural protegido. «No están siquiera en el preparque», añade.
«¿Cómo no va estar preocupada la Unión Europea si esto lo que le trasladan?», concedió ayer el consejero Fernández-Pacheco. El titular de Medio Ambiente señaló además que, para contrarrestar la misiva del PSOE, el PP ya está moviéndose en Bruselas y Estrasburgo. A eso se suma un viaje que el propio Fernández-Pacheco va a hacer en la primer semana de mayo a Bruselas junto con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, para tratar de explicar el proyecto.
A estos dos frentes se suma también el trabajo que la delegación de la Junta está haciendo en Bruselas. También se mueven en el ‘otro bando’. De hecho, ayer un grupo de 50 eurodiputados —ninguno del PP o Vox— denunciaron ayer en el Parlamento Europeo en Estrasburgo la proposición de ley sobre regadíos en Huelva. Los políticos mostraron su rechazo a los planes de la Junta con carteles con el lema: ‘Salvemos Doñana’.
El tiempo se le acaba al alcalde de Carboneras, el socialista José Luis Amérigo, en relación al cumplimiento de la sentencia sobre el hotel El Algarrobico. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado un ultimátum de cinco días. Para evitar la multa, el regidor ha optado por presentar alegaciones. Por el momento, el Ayuntamiento carbonero no cumple con el fallo que le obliga a desclasificar urbanísticamente los terrenos donde se asienta la construcción.
Si los suelos del macro hotel ilegal siguen siendo urbanos y no se declaran como de especial protección, el alto tribunal andaluz impondrá una multa de 700 euros cada 20 días a Amérigo. La justicia considera que el alcalde carbonero ha superado el tiempo legal establecido para ejecutar un fallo que es firme desde 2018.
«Ante la situación generada, la sanción resulta ser la única opción ya disponible para evitar el perjuicio al derecho a la tutela judicial que conlleva la inejecución de la sentencia», recoge el auto. Además de las multas coercitivas, la otra medida que el TSJA podría adoptar tras el plazo de alegaciones sería remitir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por si su comportamiento comprendiera una infracción penal.
No es la primera vez que el tribunal andaluz le da un toque de atención al alcalde de Carboneras. En mayo de 2022 le hizo una advertencia expresa, algo que se ha reiterado diferentes ocasiones, sin que haya sido objeto de impugnación por parte del Ayuntamiento o del regidor.
Informes quincenales
Desde enero de 2023, Amérigo tenía que presentar cada quince días un informe sobre las actuaciones realizadas para desclasificar los terrenos de El Algarrobico. El TSJA avisaba que cualquier tipo de incumplimiento daría lugar a la correspondiente imposición de multa.
Desde el Ayuntamiento de Carboneras se comunicó hace siete días al alto tribunal andaluz que modificarían puntualmente el PGOU para cumplir con el fallo. Solicitaron que no multasen al alcalde porque la ejecución de la sentencia que protege medioambientalmente al paraje se encuentra «próxima a su conclusión».
«Actualmente la modificación puntual se encuentra pendiente exclusivamente de la elaboración de la planimetría de los sectores cuya clasificación tiene que ser modificada», afirmaba el consistorio. Esta documentación se espera tener en los próximos días.
En diciembre de 2022, el Tribunal Supremo determinó que la licencia municipal para construir El Algarrobico sigue siendo legal casi 20 años después. El permiso otorgado por el Ayuntamiento de Carboneras a Azata del Sol sigue siendo ajustado al planeamiento vigente a pesar de haber cambiado en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El derribo de la mole sólo será posible cuando el Consistorio anule la licencia de obras, que aún se encuentra en vigor
El derribo del hotel solo será posible cuando Carboneras anule la licencia de obras, la única norma que queda en vigor desde que comenzara su construcción en 2003.
El Tribunal Supremo rechazó esta semana la solicitud de aclaración de Greenpeace en relación con la sentencia que declaro plenamente legal la licencia municipal de obras concedida en 2003. El auto considera que está fuera del debate procesal, pese a que hay un fallo que obliga desclasificarlos.
Los ecologistas solicitaron que se especificase si se daba validez a los acuerdos del Ayuntamiento de Carboneras aunque «eran contrarios a normas de rango superior o a las decisiones judiciales». Para el Supremo nada hay en la sentencia del TSJA que deba aclararse o completarse, una cuestión que quedó zanjada al no admitirse ese extremo en la casación.