Otro choque entre PSOE y Podemos vuelve a bloquear la comisión de investigación

▶ Los socialistas insisten en vetar a Pablo Iglesias y a periodistas vinculados a Villarejo

efectivo peligro o riesgo del bien jurídico que tutelan los delitos de terrorismo», reflejó entonces la sentencia. Las conversaciones entre los detenidos y de éstos con otras personas ajenas al procedimiento que la Policía aportó como pruebas, así como la documentación y el material audiovisual que se encontró en sus domicilios, no se consideró suficiente para atribuirles delitos de pertenencia a organización terrorista ni autoadoctrinamiento. La Fiscalía lo recurrió, pero el Tribunal Supremo confirmó la absolución en junio de 2019.

La defensa del absuelto Y.E.M. reclama al Ministerio de Justicia una indemnización patrimonial de 200.000 euros por el tiempo que pasó injustamente en prisión preventiva ante la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo aún debe resolver al respecto. Un segundo afectado inició también los trámites en la vía administrativa, mientras que en el caso del tercero ABC no ha podido confirmar en qué fase se encuentra la reclamación.

El juez niega la conversación

El juez Andreu negó ayer a ABC haber mantenido la conversación telefónica a la que se refirió el comisario García Castaño en los mensajes intercambiados con Francisco Martínez: «Pongo la mano en el fuego. No he hablado con Enrique García Castaño ni con nadie sobre poner en prisión a alguien. En mi vida profesional jamás nadie se ha dirigido a mí para decirme qué decisión debo tomar o sugerirme qué hacer con un detenido. No lo hubiera consentido jamás».

El magistrado Andreu insistió en que se respetaron los derechos fundamentales de los entonces investigados y si estuvieron dos años privados de libertad fue porque se consideró que había indicios suficientes de delito contra ellos. Reconoce que no es la primera vez que se encuentra con que mandos policiales investigados en el caso Villarejo le aluden en conversaciones internas para atribuirle palabras o comportamientos falsos: «Fui a coincidir en un momento dado con personas que ahora mismo se demuestra que no tendrían que haber tenido mi confianza. Hay cosas que se han dicho de mí que son absolutamente falsas».

Por su parte, Enrique Barón, actual comisario provincial de Málaga, también negó ayer que efectuara esa llamada a García Castaño y aseguró que él «jamás» ha pedido a un juez que «coloque a unos detenidos». Atribuye el mensaje del comisario García Castaño a su afán por «hacerse pasar por imprescindible» y ser «protagonista». Este mando aseguró que las diligencias policiales fueron «impecables», pese al resultado del juicio.

Mientras, Francisco Martínez declinó realizar comentario alguno más allá de que «los asuntos relativos a la Comisaría General de Información están clasificados como secreto». Por último, no ha sido posible recabar la versión del comisario jubilado García Castaño por razones de salud.

La comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la operación Kitchen –reactivada por el PSOE y sus socios tras rechazar ambos abrir otra sobre el caso Tito Berni, el antiguo diputado socialista Juan Fernando Fuentes Curbelo– no termina de arrancar del todo, como consecuencia del enconado enfrentamiento que mantienen los socialistas y su socio de coalición, Unidas Podemos.

Si en la última sesión, celebrada antes de Semana Santa, no se llegó a ningún acuerdo para citar a comparecientes, al no recibir ninguna de las listas presentadas por los grupos el apoyo necesario, en esta ocasión se aprobó una de ellas, la del PNV, aunque de contenido más bien exiguo. Apenas dos personas, el comisario José Manuel Villarejo y el expresidente de la Banca Privada d’Andorra (BPA) Higini Cierco, quien en su día se querelló contra Mariano Rajoy y varios miembros de su Gobierno por, presuntamente, haber solicitado a su entidad datos bancarios de varios dirigentes catalanes, incluido el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Ambos comparecerán el próximo 10 de mayo en la Cámara Baja, en la que de momento es la única actividad confirmada de esta comisión, que preside el diputado catalán del PDECat Ferran Bel y que sigue bloqueada por la guerra abierta entre socialistas y morados, que ayer vivió otro cruento episodio en la sala Sagasta del Parlamento.

La «pata mediática»

A puerta cerrada, los aliados parlamentarios del Gobierno asistieron atónitos al cruce de acusaciones entre las dos formaciones que se sientan en el Consejo de Ministros. Podemos, que se había abstenido en la sesión anterior, votó esta vez en contra del listado del PSOE, que decidió excluir a Rajoy y Pablo Casado y centrarse en los comisarios policiales u otras personas relacionadas con las llamadas cloacas del Estado. Algo totalmente insuficiente para los morados, que consideran imprescindible que vayan a la comisión los que a su juicio representan la «pata mediática de ese entramado», así como sus víctimas. Entre los primeros, muy destacadamente, el presentador de La Sexta Antonio García Ferreras, puesto en la picota por Podemos a raíz de los audios de sus conversaciones con Villarejo. Y entre los segundos, el propio Pablo Iglesias, al que su partido quiere hacer protagonista de una de las sesiones. Los socialistas aceptaron incluir a otro de los varios periodistas que proponía Podemos (entre ellos Eduardo Inda, de ‘OK Diario’, o Ana Terradillos, de la Cadena Ser), el exdirector de ‘El Mundo’ David Jiménez, pero fuentes del partido morado aseguran que es alguien que «simplemente pasaba por ahí», y que no tiene el «protagonismo» del resto de sus colegas. Al final, los vetos cruzados entre ambos frustraron que cualquier listado saliera adelante, salvo el del PNV.

Fuentes socialistas acusan a Podemos de querer «imponer» su propio listado, sin abrirse al acuerdo con el resto de aliados parlamentarios, que sí aceptaron la lista socialista, aunque también la de los morados. Para desbloquear la situación, el presidente Bel estudia cambiar el procedimiento y hacer una votación nombre por nombre de las posibles comparecencias, y no en listas cerradas como hasta ahora. O incluso arbitrar una solución intermedia, pudiendo agrupar nombres procedentes de listas distintas. En principio, esto obligaría a votar de nuevo la metodología de trabajo, aprobada antes de Semana Santa, y eso permitiría votar los nuevos nombres el 9 de mayo, pero no está claro que eso vaya a suceder. Y tampoco que el PSOE, que logró que se aprobase su propuesta para ordenar los trabajos, vaya a aceptarlo.

Con la legislatura en su tramo final, los socios de coalición del Gobierno son incapaces de ponerse de acuerdo en una comisión que ellos mismos decidieron impulsar, con el primer partido de la oposición como objetivo principal de la misma.

La comisión solo logra acuerdo para llamar a Villarejo y al expresidente de la Banca de Andorra, propuestos por el PNV