La Fiscalía Europea busca comisiones en los contratos del caso Mediador
▶ Analiza cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en cuatro adjudicaciones de la secretaría de la Fiiapp
La Fiscalía Europea busca posibles «comisiones» a cambio de los cuatro contratos adjudicados por la secretaría general de la fundación pública Fiiapp al empresario José Suárez Esteve en el contexto del proyecto GAR-SI Sahel que comandaba el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa, los mismos que venía investigando la juez de Tenerife al frente del caso Mediador y que ahora asume este organismo. La razón, que las «irregularidades» que se intuyen afectan a los «intereses financieros» de la Unión Europea, que es quien financia a la Fiiapp. Persigue en concreto posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en cuatro contratos para suministro de drones que ascienden en total a 263.000 euros. De ellos, tres se concedieron para dotar de material a misiones de GARSI Sahel en Níger, Malí y Mauritania y el cuarto fue también para la Fiiapp, si bien en el marco de otro proyecto.
Así lo explica el decreto de incoación de diligencias que la Fiscalía Europea ha remitido tanto al juzgado tinerfeño como a la Audiencia Nacional, donde la responsabilidad de velar por la investigación ha recaído en el juez José Luis Calama, del Juzgado Central 4. Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, en el decreto firmado el pasado día 15 la Fiscalía Europea explica que asume tanto la investigación sobre los contratos, que podrían haberse concedido mediante una «resolución injusta» por cuenta de un funcionario, como la de los «eventuales pagos» que pudieran haberse producido para conseguirlos, dando por hecho que sin dádiva no se daría la decisión prevaricadora.
Las mismas fuentes indican que los fiscales subrayan en el decreto que su competencia reside tanto en la afectación de fondos comunitarios como en que se trata de hechos cometidos por españoles, dentro o fuera del país y en unas fechas –los años 2020 y 2021– en que ya estaba constituida la Fiscalía Europea. Se declaran, así, competentes desde todo punto de vista.
La juez del caso Mediador no discrepa.
Supremo, la Audiencia Nacional dictó una nueva sentencia absolutoria donde añadió a los hechos probados que no se había acreditado que el acusado, al efectuar gestiones como unas reservas en los hoteles donde se cometieron los atentados, supiese que ETA se proponía estallar explosivos en ellos. La sentencia concluye que la respuesta dada en la sentencia recurrida al mandato del TS para que razonara la absolución ha vulnerado el derecho de las acusaciones a obtener una respuesta motivada, por lo que el nuevo pronunciamiento debe considerarse «arbitrario, irrazonable e incurre en error patente».
Y ello porque se debe partir, dice la Sala, de que Eceiza «era miembro activo de ETA y como tal conocía sus finalidades, En el auto de contestación a este oficio, notificado ayer, explica que envía la documentación de «lo relativo específicamente» a esos cuatro contratos a la Fiscalía Europea por ser de su competencia. Ya en marzo, ante una petición previa de información de los fiscales, había compartido con ellos las actuaciones sobre esta parte del procedimiento donde, de momento, sólo se investiga al general y al empresario experto en drones.
La pata canaria
La juez concreta además que mantiene la competencia sobre el resto de la causa, la conocida como «trama canaria», por la que una decena de empresarios habrían pagado dádivas y mordidas a través de la figura del mediador, Antonio Navarro, para conseguir a cambio un despliegue de influencias en su favor, entre otros, del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’. En esa parte del asunto siguen imputados el empresario de los drones y el general, que además continúa en prisión provisional. La juez, en el auto, le deja «a disposición» de la Fiscalía Europea, sin pronunciarse sobre su situación en lo relativo a la trama canaria. Lo que sí expone es que habría estado «haciendo uso de las relaciones personales que tendría con personas relevantes del sector público y empresarial en el ámbito de las Islas Canarias» que «habría fraguado como consecuencia de responsabilidades públicas de enorme relevancia en este archipiélago».
En esa parte de la investigación, el sumario refleja que los empresarios pagaban para librarse de sanciones o conseguir contratos y ayudas públicas, buena parte sufragadas con dinero de la UE. Las fuentes consultadas concretan que, en su decreto, la Fiscalía Europea cierra la puerta a esta parte de las pesquisas al no haber indicios todavía de que haya fondos comunitarios afectados o «puestos en riesgo».
La juez, en su auto, dice que personas como el general o Tito Berni eran de «extraordinaria importancia» para la trama, porque generaban «confianza» en los empresarios, que pagaban «en la creencia de las promesas» de éxito que les hicieron.
Los fiscales entienden que las presuntas irregularidades afectan a los intereses financieros de la Unión Europea
objetivos, métodos y procedimientos» y, entre ellos, las llamadas «campañas de verano», esto es, atentados en hoteles y centros turísticos del Levante español. Tendrá que repetirse el juicio con un tribunal distinto.
Y también por el TS, si bien por su doctrina, ha vuelto a la cárcel donostiarra de Martutene el etarra Joseba Arregi, alias ‘Fiti’, con 15 asesinatos en su haber y que no cumple su condena hasta 2026. El Gobierno vasco le dio el tercer grado la semana pasada, pero la Fiscalía ha recurrido y, conforme esa doctrina, muy reciente, se suspende la semilibertad hasta que se resuelve el fondo del asunto. A Fiti ya le revocaron un tercer grado el año pasado. Es el tercer etarra con la progresión suspendida.