Sólo 9.000 viviendas del plan de Sánchez están listas para entrar a vivir
▶ Cataluña y Valencia se llevan el 40% de las viviendas ofrecidas a regiones y ayuntamientos
También es una exigencia legal. El Estatuto de la Función Pública reserva la ocupación de los puestos que implican el ejercicio de potestades públicas a funcionarios de carrera. Fuentes de los cuerpos superiores aseguran que desde Hacienda se les dice que su intención es usar esa opción solo de manera excepcional y en caso de urgente necesidad, «pero la experiencia de los últimos 40 años nos dice que cuando se da la posibilidad de utilizar esta figura, se utiliza, y luego esos puestos quedan embalsados en las plantillas públicas», asegura Carrascosa.
Cerrar la puerta
Y ése es precisamente uno de los argumentos que Fedeca enarbola en las misivas que ha remitido a la Comisión. Recuerda que la utilización abusiva de la figura de los interinos desencadenó la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha obligado al Gobierno a disponer un masivo proceso de estabilización de plazas para adaptar su plantilla fija a las necesidades reales de personal de la Administración.
Y subraya también el compromiso formalizado por el Gobierno de España en el Plan de Recuperación para reducir la temporalidad de las plantillas públicas al 8%. «Por una parte se compromete un programa de estabilización de interinos y por otro se abre la puerta para contratar más. Estamos incumplimiendo nuestro compromiso con Europa», alega Carrascosa.
Las cartas enviadas por Fedeca a la Comisión Europea suponen un paso más en la estrategia de los cuerpos superiores para tumbar la intención del Gobierno de abrir la posibilidad de incorporar interinos en puestos de directivos públicos, algo de lo que no hay precedentes, según admiten fuentes de los cuerpos superiores. Hasta ahora, lo que se ha hecho ha sido recurrir las convocatorias en las que se ha incluido la cláusula que prevé la creación de una bolsa de aspirantes que no logren superar la oposición para su alistamiento en caso de que el Estado lo vea necesario, pero la próxima semana los altos funcionarios han convocado una concentración sin precedentes a las puertas del Ministerio de Hacienda para hacer patente y público su rechazo a esta medida, en línea con la histórica protesta que los inspectores de Hacienda realizaron hace ya unas semanas. El colectivo también quiere aprovechar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Función Pública para cerrar la puerta a que interinos puedan ocupar puestos de directivos públicos. «El asunto puede acabar otra vez en el TJUE», advierte el presidente de Fedeca.
El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler asequible. Un plan cuyas dimensiones generan grandes dudas desde su nacimiento. Primero, porque la cifra viene engordada por casas que ya están habitadas. Y segundo porque la mayoría de los inmuebles que el ‘banco malo’ ofrecerá a las comunidades y ayuntamientos están todavía pendientes de reformar.
Las cifras ya conocidas, pero otra vez recitadas ayer por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, desvelan las lagunas del plan. 14.000 de esas 50.000 casas ya están habitadas, la mitad de ellas por okupas de manera ilegal; 15.000 hay que construirlas, y de las 20.768 que se ofrecerán a las regiones y consistorios, tan solo 9.000 están disponibles para entrar a vivir de manera inmediata, un 20% del total.
Es decir, a corto plazo tan solo 16.000 de las 50.000 viviendas podrían quedar habitadas legalmente. Y eso siempre que las administraciones muestren interés por hacerse con ellas.
Porque ayuntamientos y comunidades tendrán la potestad para decidir si quieren engordar su parque social de vivienda con la cartera de la Sareb. Una fórmula que en los últimos tiempos ha sido usada por algunas administraciones, pero que genera dudas en muchas de ellas, por la ubicación y características de los inmuebles. Desde la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no se muestran muy interesadas por la cartera de la Sareb al tratarse de pisos que se encuentran en localizaciones «algunas de ellas poco atractivas o donde no hay demanda y otras en deficiente estado de conservación», cuentan a este periódico desde la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la región.
Las viviendas deben ser compradas por las administraciones a la Sareb.
Y según fuentes de la misma, «a precio de mercado».
Poco interés
En los últimos tiempos, tan solo la Comunidad Valenciana o Galicia han abogado por tirar de la cartera de la Sareb para aumentar su oferta de alquiler asequible. En febrero, el Gobierno de Ximo Puig se hizo con alrededor de 500 viviendas de la entidad controlada por el Estado a través del FROB por 50 millones de euros. Mientras la Comunidad gallega adquirió 40 por 3,5 millones.
El Gobierno ha incluido estos acuerdos, además de otro con el Ayuntamiento
Valencia
Cataluña
Castilla y León
Murcia
Andalucía
Cast.-La Mancha
Galicia
Cantabria
Aragón
Madrid
La Rioja
Extremadura
Canarias
Asturias
Baleares
País Vasco
Navarra 81 25 611 580 455 388 305 303 171 120 2.093 2.040 1.534 1.285
4.950
2.288 3.539
de Madrid, dentro de la cifra de 20.768 viviendas que serán ofrecidas a comunidades y consistorios. El Ejecutivo también asegura que se encuentra «negociando operaciones con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Torrelavega y se trabaja actualmente con Cataluña en un nuevo acuerdo de venta».
La Comunidad Valenciana será la que más viviendas tendrá a disposición. Allí irán destinadas alrededor del 25% de las 20.768 casas ofrecidas a las comunidades, según fijó el Gobierno en la referencia del Consejo de Ministros de ayer. En concreto, 4.950 inmuebles. La región levantina es la segunda donde la Sareb tiene más unidades de vivienda (8.897). La primera es Cataluña con 13.499. De ellas, 3.539 irán a parar al plan del Gobierno. Entre las dos recibirán el 40% del total.
Castilla y León será la tercera región con más vivienda a disposición de sus administraciones, 2.288, y por delante de las 2.000 casas también están Murcia (2.093) y Andalucía (2.040). Otras regiones con grandes tensiones de oferta de alquiler como Madrid recibirán 455, mientras Baleares apenas 120.
Con todo, el Gobierno no concreta las localizaciones exactas de los pisos identificados por la Sareb. Y Calviño tampoco concretó ayer los tiempos que manejan para ejecutar el plan.