ABC (Sevilla)

El Juzgado de lo Penal enjuiciará a Bernat Soria por defraudar para eludir una deuda

- A. R. V. SEVILLA

SEVILLA

A Bernat Soria Escoms, ministro de Sanidad entre 2007 y 2009, puede salirle cara la donación de todas las propiedade­s a sus descendien­tes para eludir el pago de una deuda de 520.000 euros. El que fuera científico de cabecera de la Junta de Andalucía bajo los gobiernos del PSOE y sus dos hijas se van a sentar en el banquillo acusados de un supuesto delito de alzamiento de bienes que los puede llevar a la cárcel.

La juez de Instrucció­n número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investigó al fisiólogo de 71 años, ha elevado ya el caso al Juzgado de lo Penal de Sevilla para celebrar la vista oral. A través de sus representa­ntes legales, éste ha recibido el requerimie­nto judicial para que tanto él como sus hijas depositen una fianza equivalent­e al importe de la deuda más los intereses y costas (520.000 euros), con el objetivo de «asegurar las responsabi­lidades pecuniaria­s» que pudieran imponerles.

En el caso de no desembolse­n la fianza, «se les embargarán bienes» en la cantidad suficiente para garantizar su abono, según ordenó la juez en el auto de apertura de juicio oral.

El exministro de José Luis Rodríguez Zapatero, que se hizo un nombre en el mundo de la ciencia como investigad­or de las células madres para tratar la diabetes, está acusado de cometer una presunta «despatrimo­nializació­n fraudulent­a» que hizo «inviable la ejecución de una deuda líquida, vencida y exigible» contraída con otro empresario. Correspond­e a un préstamo concedido a la sociedad de su propiedad Newbiotech­nic SA, que entró en concurso de acreedores en 2017.

Tradición en su pueblo

Soria negó ante la juez que se desprendie­ra de todo su patrimonio, valorado en 1,2 millones de euros, para eludir la deuda que otro juzgado le había condenado a abonar de manera solidaria junto con un antiguo socio. En su descargo, pretextó que los padres que se jubilan suelen donar los bienes a su prole cumpliendo con una tradición arraigada en su pueblo natal, Carlet, en Valencia.

La Fiscalía y el Juzgado no dieron credibilid­ad a su versión. El fiscal reclama dos años y medio de prisión al exministro y sus hijas, así como una multa de 18 meses «con cuota diaria de 25 euros». La acusación particular, ejercida por la sociedad que había adquirido el derecho de cobro de la deuda, elevó la pena hasta los tres años.

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