La oposición reactiva en el Bundestag un escándalo financiero que salpica a Scholz
▶ El caso Warburg estalló cuando era presidente regional de Hamburgo
posible la futura membresía».
Antes de la invasión, cuando Ucrania ya estaba acosada por un inmenso contingente de unidades del Ejército ruso, Moscú presentó el 17 de diciembre de 2021 las «garantías de seguridad» que exigía a Occidente para reducir las tensiones con Ucrania. Uno de los puntos principales era que Kiev renunciara a ser parte de la OTAN, condición que no fue admitida por Estados Unidos ni por la Unión Europea, ni, por supuesto, por la OTAN.
En la cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest, a la que asistió como invitado el propio Vladímir Putin, el entonces presidente norteamericano George W. Bush pidió que se invitase a Ucrania y a Georgia a ser miembros de la OTAN. No hubo acuerdo para ello, pero en la declaración final se incluyó una frase que al menos recogía la garantía de que lo serán «en el futuro». Desde entonces, esta situación no había cambiado hasta la invasión de la península de Crimea en 2014 y el ataque al resto del país el año pasado, que han supuesto un cambio sustancial del escenario. Ahora mismo en Bruselas, nadie duda de que Ucrania será miembro de la OTAN, aunque no antes de que concluya la guerra. En este sentido, la invasión de Ucrania ha tenido exactamente los efectos contrarios a lo que se supone que había planeado Putin.
Las sospechas de haber influido políticamente para que un banco se beneficiase de una estrategia de ingeniería fiscal,cuando era presidente regional de Hamburgo, persiguen al hoy canciller Olaf Scholz hasta el Bundestag. La oposición conservadora de la CDU está forzando una segunda comisión de investigación, basándose en la desmemoria del canciller durante su primera comparecencia parlamentaria regional, el pasado verano, que dejó en la niebla numerosos detalles sobre reuniones con directivos del Banco Warburg, cuestiones de agenda a las que reiteradamente se limitó a responder «no lo recuerdo». El Partido Socialdemócrata (SPD) cuestiona que el Bundestag pueda examinar este asunto, por tratarse de hechos de competencia del parlamento regional, pero la CDU argumenta que se trata de hacer cumplir la Ley Tributaria, una ley federal, y sobre unos ingresos de los que casi la mitad procedían del presupuesto federal.
Al banco, implicado en el escándalo Cum–Ex, le fueron reembolsados impuestos que no había pagado previamente y la autoridad fiscal renunció inicialmente a reclamar, después de que Scholz se reuniese varias veces con el socio del banco Christian Olearius para hablar de asuntos que Scholz «no recuerda». Es posible que se libre de un segundo escarnio porque el Bundestag ha remitido la solicitud de crear la comisión de investigación a la Comisión de Reglamento, en la que Scholz cuenta con mayoría suficiente para evitar el mal trago. Pero aún así vuelve a retratarse y la CDU advierte que llevará la cuestión, si es necesario, hasta el Tribunal Constitucional.
Giro de la CDU
La solicitud, de evidente carácter táctico, muestra además un giro en la CDU. Y el hombre clave es Matthias Heuer. En su página web, la última noticia versa sobre su donación para que los niños de colegios y guarderías de su distrito puedan acceder a material para experimentos. Su afán por la investigación ha alcanzado niveles mucho más agresivos al frente de la comisión del caso Wirecard, un inmenso trabajo desde el verano de 2020 cuyo informe, sin embargo, se perdió en la campaña electoral de 2021, un tiempo en el que el centrismo de Merkel y el Gobierno de gran coalición con los socialdemócratas seguía imponiendo el tono parlamentario. Aun así se propuso llevar las acusaciones hasta lo más alto del gobierno y atacó a Olaf Scholz, número dos de Merkel.
En su área de responsabilidad, señaló flagrantes omisiones, errores de juicio y descuidos, especialmente por parte de la autoridad de supervisión financiera BaFin. Hauer se hizo notar con preguntas sonrojantes que denotaban poca consideración por el en ese momento socio de gobierno de la CDU y quiere continuar ahora al frente de la segunda comisión de investigación sobre el caso Warburg.
Su estilo e intención casa bastante mejor con la actual estrategia directiva de la CDU. Junto a sus colegas de partido, Mathias Middelberg y Franziska Hoppermann, se propone el objetivo de «socavar la credibilidad del canciller arrojando nueva luz sobre las transacciones fraudulentas de dividendos, la participación del Banco Warburg y la asistencia todavía no probada del Ayuntamiento de Hamburgo». A sus 45 años, el abogado especializado en derecho bancario y mercados de capitales forma parte de la Comisión de finanzas y forma parte del ala liberal de la CDU. En 2016 y 2017 formó parte de la primera comisión de investigación sobre el asunto y sigue viajando desde entonces a Hamburgo.