Andalucía no convence a Bruselas, que reprocha al Gobierno su inacción
▶La vicepresidenta Ribera amenaza con trasladar a la Junta una posible multa europea si amplía las zonas regables ▶El consejero andaluz insiste ante la UE en que el proyecto «en absoluto perjudica» al espacio protegido
Rapapolvo de la Comisión Europea por Doñana. Bruselas mostró ayer su «profunda preocupación» por los posibles efectos de la legislación de la Junta de Andalucía sobre los cultivos de la corona norte del parque nacional, pero también insistió en que lo que más le interesa en estos momentos es «la ejecución plena y oportuna de las sentencias del Tribunal de Justicia Europea» de junio de 2021, que es competencia del Gobierno central.
El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, recibió ayer en su despacho de Bruselas al consejero de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, que le explicó los detalles de la proposición de ley que pretende legalizar una zona de cultivos de regadío en el entorno del parque. La conclusión de esta reunión dio lugar a una sucesión de versiones opuestas entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, con desmentidos y amenazas hasta que llegó el comunicado final de Bruselas. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, amenazó con que si finalmente llega a España una multa por parte de Europa, estudiará «cómo trasladarla» a quien debe.
En el resumen de la reunión, el ejecutivo comunitario intentó no verse involucrado en la disputa política entre las dos administraciones españolas, en las proximidades de una convocatoria electoral. La Comisión se comprometió a «evaluar cuidadosamente las aclaraciones proporcionadas en las cartas del Gobierno español y del Gobierno andaluz» que le enviaron el pasado viernes.
Sin embargo, sí dejó claro que están «profundamente preocupados» porque la legislación andaluza «si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana,
El ministro de Agricultura, Luis Planas, no cree necesario recurrir a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar la regularización de los regadíos en el entorno de Doñana. Planas confía en frenar la iniciativa de la Junta con otros mecanismos. «Creo que es muy pronto para hablar de ello, hay mecanismos legales, digamos menos extraordinarios que ese mecanismo constitucional», explicó en una entrevista en la Cadena Ser.
Planas ha aludido a las dos ocasiones en las que el Gobierno de España ha recurrido a este instrumento, como fue en Canarias por el sistema fiscal «que no llegó a materializarse», y «durante el periodo de Mariano Rajoy en relación con la situación de Cataluña, afortunadamente hoy superada».
uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000».
A renglón seguido insistió en que «la ejecución plena y oportuna de las sentencias del Tribunal de Justicia es una prioridad para la Comisión» y sobre todo porque «las medidas adoptadas hasta ahora por España, para hacer frente a los incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de junio de 2021 en relación con Doñana no son suficientes, incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta».
Es decir que no le gusta la propuesta de la Junta, pero tampoco la inacción del Gobierno en lo que le corresponde de la ejecución de la sentencia de hace dos años y le dice además que oponerse a los planes del Gobierno andaluz no sirve como pretexto.
«No caben enmiendas»
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, entiende que la posición de Bruselas es «tajante». «No caben enmiendas, solo la retirada» de la propuesta, dijo en una rueda de prensa convocada de urgencia. Apenas un rato antes, el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, había dado su versión del encuentro: aseguraba a los medios que la Comisión se había comprometido a «estudiar los argumentos» de la Junta a favor de dar una salida legal a los agricultores y que la proposición estaba abierta a enmiendas y modificaciones.Pero entre la Junta de Andalucía y el Gobierno no hay ya ni un punto de entendimiento en la polémica de Doñana. Ni siquiera en la interpretación que hace Europa de una misma reunión. Por ello, el Ejecutivo exigió de nuevo la retirada del proyecto de ley. «Pido a Moreno Bonilla y a Núñez Feijoó que dejen de poner en riesgo el futuro de España», dijo Ribera.
La vicepresidenta ni siquiera dio un respiro en el relato sobre la reunión entre las autoridades andaluces y las europeas, que dijo se enmarca en un proceso de infracción contra España, por lo que además de la Junta estuvo presente la Abogacía del Estado. «No es una visita de cortesía, ni para explicar algo que no hubiera entendido la Comisión. La Comisión entiende perfectamente la situación», aseguró Ribera.
Y Bruselas utilizará «todos los medios a su alcance», dijo, incluida la solicitud de una multa contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la UE. «Ya lo ha hecho en otras ocasiones e insiste en que no tendrá la menor duda con respecto a la necesidad de hacerlo en este caso».
Recurso al Constitucional
Si la Junta de Andalucía no retira el proyecto, aclaró la vicepresidenta, el Ejecutivo no solo acudirá al Tribunal Constitucional. En el caso de que llegue una multa coercitiva al reino de España, estudiará «cómo trasladar» la cuantía «a quien debe pagar esa multa coercitiva», quienes ya «saben que la amenaza es real, cierta, que ha dejado por escrito el propio comisario», en referencia a las autoridades andaluzas. Frente al aumento de las presiones por todos los frentes, el responsable autonómico había querido rebajar la presión usando la pedagogía para tratar de convencer al comisario europeo de que la iniciativa, lejos de aumentar la presión sobre el acuífero de la mayor reserva ecológica de Europa, persigue precisamente aliviarla porque apuesta por el uso de aguas superficiales para poner coto a los pozos ilegales.
Aluvión de «mentiras»
«Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España», declaró el consejero al término de la reunión, un encuentro que estaba inicialmente previsto para el 3 de mayo, y que se adelantó.
El consejero defendió ante el comisario que la proposición de ley no afecta al enclave declarado Patrimonio de la Humanidad, ni al parque nacional ni al espacio natural, sino a la corona forestal al norte del mismo, pero sus argumentos no parecieron encontrar eco en la Comisión.
Para Bruselas, los valores naturales excepcionales de Doñana deben preservarse, ya que son esenciales para Anda